Consulta hundida, reforma resucitada: el nuevo tablero político que enfrenta el Gobierno Petro

Por Álvaro Benedetti, consultor internacional

El hundimiento de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, marca un hito político en el actual periodo legislativo. El episodio, cargado de tensión y desorden en la plenaria, refleja no solo una derrota para el Ejecutivo, sino también lo que sería la reconfiguración definitiva del Congreso.

En particular, destaca la maniobra de sectores de oposición que, al revivir la reforma laboral previamente archivada, lograron desmontar los argumentos que justificaban el uso del mecanismo plebiscitario.

La consulta representaba una herramienta de legitimación directa con alto contenido simbólico. Su objetivo era someter al escrutinio ciudadano doce preguntas sobre temas laborales sensibles como los recargos por dominicales y festivos, regulación del trabajo en plataformas digitales y fortalecimiento de la estabilidad laboral.

Sin embargo, el rechazo del Senado se sustentó en tres argumentos centrales: el elevado costo fiscal del mecanismo (estimado en más de $ 500 mil millones), su presunto uso político anticipado de cara al ciclo electoral de 2026 y la vigencia de canales legislativos ordinarios para tramitar reformas en la materia.

No obstante, la decisión no se limitó a bloquear un instrumento de participación. La reactivación de la reforma laboral —archivada en marzo pasado por la Comisión Séptima del Senado— constituye una jugada con doble impacto.

Por un lado, neutraliza la narrativa de bloqueo institucional, al permitir que el proyecto vuelva a discutirse en el Congreso; por otro, reactiva un campo de disputa donde el oficialismo no cuenta hoy con mayorías estables.

La denominada reforma laboral 2.0, aunque políticamente viable, enfrenta múltiples desafíos técnicos y jurídicos. El riesgo de que el texto sea modificado sustancialmente mediante enmiendas estratégicas (‘micos’) o vaciado de contenido es considerable.

 Aun si supera el trámite legislativo, su constitucionalidad podría ser cuestionada, dado el historial de revisión rigurosa que la Corte Constitucional ha aplicado a reformas estructurales recientes.

En respuesta al revés legislativo, el presidente Petro denunció irregularidades en la votación y convocó a la movilización social. Este recurso a la calle, habitual en su repertorio político, busca reforzar la legitimidad del Ejecutivo frente a un Congreso adverso.

Sin embargo, su eficacia dependerá de factores aún inciertos: el nivel de articulación de las centrales sindicales, la capacidad de convocatoria y el grado de fragmentación del movimiento social.

Desde el plano del pronóstico, no puede descartarse que un eventual clima de agitación social —incluso si encuentra eco o es incentivado desde el Ejecutivo— termine operando como un factor funcional para reposicionar políticamente al Gobierno frente a una oposición más cohesionada.

Este tipo de dinámica tendría implicaciones directas sobre la gobernabilidad, en particular si da lugar a tensiones sostenidas entre poderes o contribuye a un progresivo desgaste institucional.

Lo cierto es que el escenario que se configura es de alta fricción legislativa. La polarización dejará de ser solo una herramienta de anticipación electoral para convertirse en expresión de una confrontación institucional más profunda.

La oposición, liderada de facto por sectores del liberalismo, ha demostrado capacidad táctica y margen de articulación. El Gobierno, por su parte, deberá redefinir su estrategia de interlocución con el Congreso, si aspira a sostener su agenda sin profundizar el desgaste de su base de poder, un objetivo que, dadas las condiciones actuales, resulta altamente improbable.