Carlos Camargo, recién posesionado magistrado de la Corte Constitucional, se declaró impedido en debate de la pensional

El recién posesionado magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, presentó un impedimento ante la Sala Plena de ese tribunal para no participar en el debate sobre la constitucionalidad de la reforma pensional del Gobierno, al señalar un posible conflicto de interés relacionado con la senadora demandante, Paloma Valencia.

En un documento enviado a sus colegas de la Sala Plena, Camargo explicó que su decisión busca garantizar la total transparencia e imparcialidad en uno de los estudios jurídicos más importantes que adelanta el alto tribunal.

La razón del impedimento se centra en que la congresista Valencia, quien demandó la ley, fue una de las 62 senadoras que votaron a su favor durante la elección celebrada el pasado 3 de septiembre.

“Sobre el particular, debo informar a la Sala que, la accionante en el expediente de la referencia participó en la votación realizada el pasado 3 de septiembre de 2025 en el Senado de la República, en la cual fui elegido como magistrado de la Corte Constitucional”, argumentó Camargo en el documento.

En ese sentido, concluyó que, en aras de asegurar la imparcialidad en el veredicto, manifestaba su impedimento “para pronunciarme sobre los tres proyectos de auto en mención”.

La Sala Plena deberá ahora estudiar y decidir si acepta o rechaza la solicitud de Camargo.

Esta situación se suma a otras recusaciones presentadas contra el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, y el magistrado Héctor Carvajal, por haber trabajado como abogado personal del presidente Gustavo Petro.

La llegada de Carlos Camargo al alto tribunal, en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, estuvo rodeada de controversia.

El exdefensor del Pueblo tomó posesión de su cargo este miércoles y se comprometió a que la Corte sea un “dique contra el abuso” y un “refugio para quienes ven amenazados sus derechos”.

Durante la ceremonia, la vicepresidenta de la Corte, magistrada Paola Andrea Meneses, le dio la bienvenida y advirtió sobre el contexto actual, al señalar que “el quebrantamiento de las normas, incluso por parte de las autoridades, se han convertido en una estrategia común para socavar el Estado de Derecho”.

El nombramiento de Camargo enfrenta serios cuestionamientos jurídicos. La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una de las ocho demandas que buscan anular su elección. Los demandantes argumentan que su llegada generó una sobrerrepresentación masculina del 66 % en la Sala Plena, lo que infringe la ley de cuotas.

Además, las acciones judiciales señalan que, durante su gestión como Defensor del Pueblo, Camargo nombró a familiares de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron y que otorgó contratos a familiares de senadores que respaldaron su elección, como el caso de la senadora conservadora Esperanza Andrade.

Su elección con 62 votos en el Senado provocó una fuerte reacción del presidente Petro, quien la calificó como una muestra de clientelismo y la usó como argumento para insistir en una reforma constituyente que modifique el sistema de elección de magistrados.