Reformas en pausa

El lento avance de las principales reformas del Gobierno Nacional en el Congreso —la tributaria, la de salud y la jurisdicción agraria— ha vuelto a encender el debate sobre si existe o no un bloqueo legislativo.

El país atraviesa un momento político en el que las prioridades electorales, la fragmentación de las mayorías y la misma dificultad para crear consensos, se han combinado para dejar en suspenso los grandes cambios que el Ejecutivo prometió y que, más allá de esto, requiere el país

La discusión no puede reducirse a quién le pone el freno a quién. Las reformas estructurales, en especial la que toca el sistema de salud o la histórica conflictividad sobre la tierra, no pueden hacerse a la carrera ni imponerse por fuerza de mayorías accidentales.

Requieren rigor técnico, escucha activa y, sobre todo, consensos políticos sólidos que garanticen que la normativa resultante será sostenible en el tiempo. Lo contrario solo asegura reformas frágiles, inestables o condenadas a naufragar.

Precisamente, esto es lo que no se ha podido lograr porque el Ejecutivo no ha estado dispuesto a conciliar ni a escuchar, más allá de sus mismas palabras, llevando a extremos la situación de la salud, mientras se enfrascan en los mismos debates.

Pero también hay responsabilidad de los congresistas, pues muchos ya están en modo campaña electoral y evitan asumir costos que puedan comprometer su futuro político.

En este escenario, el Congreso tiene responsabilidades ineludibles. No se le puede pedir que apruebe reformas a ciegas ni bajo presiones políticas; pero tampoco puede dejar que el cálculo electoral paralice los debates. Las reformas deben discutirse, enriquecerse y, cuando haga falta, corregirse. Lo que no puede hacer el Legislativo es cerrar la puerta a deliberaciones profundas y técnicas. La ciudadanía tiene derecho a un Congreso que estudie, evalúe y decida con argumentos, no con miedo a los anuncios de campaña.

Pero el llamado no es solo al Legislativo. El Gobierno también debe hacer su parte. Si realmente quiere sacar adelante sus proyectos, necesita construir coaliciones amplias, escuchar críticas sin descalificarlas y mostrar flexibilidad en temas sensibles. Varias de sus iniciativas han llegado al Congreso sin consensos previos, con vacíos técnicos o con lecturas parciales sobre su impacto fiscal. Esa estrategia, lejos de fortalecerlas, ha alimentado la resistencia y ha profundizado la desconfianza. Una reforma mal diseñada puede ser más costosa que no hacer ninguna.

Lo grave es que mientras esto pasa, los que sufren son los miles de colombianos que no tienen acceso a una cita médica oportuna ni a recibir sus medicamentos.

La salida, entonces, no pasa por imponer ni por bloquear, sino por conciliar. Colombia lleva décadas discutiendo la necesidad de mejorar su sistema de salud, de crear una jurisdicción agraria eficiente y de modernizar su estructura tributaria. No son asuntos de coyuntura, son problemáticas de Estado. Por eso, requieren un enfoque que trascienda la agenda de un gobierno y la lógica de una campaña.

Colombia necesita reformas bien hechas, estudiadas, negociadas y legitimadas. El Congreso debe deliberar con responsabilidad y el Gobierno debe escuchar con humildad. Solo así será posible convertir este periodo de tensiones políticas en una oportunidad para construir acuerdos duraderos. Porque las reformas no pueden seguir siendo el terreno donde se miden fuerzas; deben ser el espacio donde se construye el futuro.