Su violencia no tiene futuro

Los diferentes y dolorosos hechos de violencia que han venido sucediendo en varias regiones de Colombia por el accionar criminal de los diversos grupos armados ilegales que operan en nuestro país, la mayoría de ellos con estrechos vínculos con sectores del narcotráfico, de la delincuencia común y de sectores estatales y privados relacionados con la corrupción, no tienen futuro en Colombia.

Quienes los vienen haciendo, llámense guerrillas, paramilitares o delincuencia común, no son conscientes de que todas sus acciones violentas y terroristas son como si se dispararan contra sí mismos o a sus propios pies. Son acciones que dejan incalculables daños por la pérdida en vidas humanas, entre ellas, la de humildes soldados, policías y decenas de personas de la población urbana y rural, entre las cuales están principalmente niños, mujeres y adultos mayores. Igualmente, dejan dolor, orfandad, desplazamiento, temor, resentimiento y grandes cargas sobre los hombros de las mujeres que, en la mayoría de las veces, tienen que asumir solas la supervivencia de la familia.

Como los legales somos más que los ilegales, sencillamente no podemos seguir permaneciendo indiferentes frente a los diversos hechos de violencia que tanto daño producen al coartar el derecho de la gente a la convivencia pacífica y su derecho constitucional a la propiedad privada.

Y como no se trata de que todas las personas legales nos armemos para defender nuestro bienestar y patrimonio, lo que sí podemos hacer es exigirles a nuestros gobernantes que dialoguen más con la población urbana y rural a fin de procurar soluciones reales a sus diversas necesidades sociales y de convivencia pacífica. También exigirles más a las fuerzas militares y de policía, que no sigan viendo a la población como ciudadanos dignos de toda sospecha, pero también que los civiles no sigan mirando a sus policías y militares como enemigos, sino como amigos, que tienen la función constitucional de protegerlos frente al accionar de grupos delincuenciales, o en casos de cualquier calamidad personal, familiar o de la comunidad.

Esa concepción de entendimiento recíproco, es fundamental para debilitar cualquier tipo de prevención y para lograr ir superando la indiferencia de la población frente a la violencia.

Paralelo a ello, la población tiene el derecho constitucional y democrático, de demandar a sus gobernantes, lo mismo que a los demás servidores públicos, que gobiernen con nortes éticos, como la cero tolerancia con la corrupción, la mentira, la violencia, las desigualdades sociales, los contaminadores ambientales y con todas aquellas personas que siempre ven al Estado como su ‘vaquita lechera’.

En la dura lucha contra la violencia en Colombia y sus principales aliados como son la corrupción y el narcotráfico, no podemos perder de vista que ganarla no es tarea fácil pero tampoco imposible, y que para lograrlo necesitamos que el actual presidente de la República, y el próximo que llegue a dicho cargo en el 2026, promueva una política pública de diálogo social y presupuesto participativo en todos los municipios colombianos con participación activa de los alcaldes municipales y gobernadores departamentales, con amplia participación de la población de esos municipios, pero además con la condición democrática de que lo que se acuerde quede plasmado por escrito, incluyendo las fechas de cumplimiento.

Sin temor a equivocarme, tal como ya lo exploramos cuando fui Gobernador del Valle, solo así se enseña con el ejemplo y es posible encontrar caminos de paz y reconciliación en aquellas regiones donde vienen operando desde hace varios años algunos grupos armados ilegales.