Salud con fiebre y sin plata

La fiebre amarilla no regresó por azar. Su rebrote, que ya ha dejado al menos 34 muertes confirmadas, refleja un sistema de salud debilitado en todos sus niveles: financiero, preventivo y operativo. El Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria, pero lo hizo con un sistema en cuidados intensivos. Hoy no enfrentamos solo una crisis epidemiológica, enfrentamos una fiebre institucional que pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Las cifras son elocuentes. En 2024, el sistema cerró con un déficit de 5,95 billones de pesos, según Acemi. Por cada 100 pesos que ingresan, las EPS deben gastar 109,5 pesos solo en atención, sin incluir los costos administrativos. Mientras la crisis financiera se agrava, los pagos desde Adres se retrasan por meses, obligando a clínicas y hospitales a operar con cartera vencida, créditos rotatorios y recortes drásticos en servicios.

La situación no es nueva, pero se ha acelerado. Más de 25 millones de colombianos están afiliados a EPS intervenidas, como la Nueva EPS —cuya administración forzosa fue prorrogada por otro año— o entidades liquidadas como Compensar. La Corte Constitucional ordenó giros completos y oportunos a las EPS, pero el Gobierno ha fragmentado los pagos, lo que en la práctica sigue desfinanciando la operación diaria del sistema.

Las consecuencias ya se sienten. La Clínica Ciudad Roma en Bogotá cerró urgencias por deudas de más de 500.000 millones de pesos. La Fundación Cardiovascular de Colombia y el Hospital Internacional de Santander suspendieron atención a afiliados de Nueva EPS por una deuda de 145.000 millones. En Medellín, la Clínica Universitaria Bolivariana y la Clínica El Prado dejaron de recibir usuarios. En La Dorada, Palmira, Pereira y Armenia, se han cerrado servicios sensibles como partos, neonatología y urgencias.

Lo más preocupante es que el brote de fiebre amarilla evidenció una falla grave: la pérdida de capacidad preventiva. En varias regiones, la cobertura vacunal está muy por debajo del umbral mínimo del 95 %, y en 2024 algunos pacientes esperaron hasta 250 días para recibir tratamientos. El sistema que debía anticiparse, hoy reacciona tarde y mal.

Mientras tanto, el debate político se estanca. El gobierno insiste en eliminar el modelo EPS y reemplazarlo por gestión estatal directa, pero sin un plan de transición técnico, presupuestal ni logístico. Se desmonta el modelo actual sin contar con un nuevo operativo. Y mientras el diseño se discute en Bogotá, las familias se desangran por falta de medicamentos, citas y atención oportuna.

El desafío no es ideológico, es técnico. Se requiere una revisión urgente de la UPC, el giro real por servicios prestados, auditoría cruzada a deudas históricas y fortalecer el primer nivel de atención, sobre todo en zonas rurales. Hace falta también restablecer la confianza institucional, con reglas claras, responsabilidad fiscal y voluntad política para priorizar al paciente sobre el modelo.

Colombia no puede permitirse una epidemia de improvisación. La fiebre amarilla es controlable; lo que no puede seguir es una fiebre institucional que avanza sin remedio. Porque no hay vacuna contra la ineficiencia, ni antídoto para el desorden fiscal. Si no corregimos ahora, lo que está en riesgo no es una EPS ni un presupuesto: es la salud pública como derecho real y operativo.