Provocaciones populistas

La descertificación de Colombia en su lucha contra las drogas terminó siendo un desenlace anunciado y provocado. Meses de advertencias ignorados y de cifras inocultables -el récord histórico de más de 250 mil hectáreas de coca-, la mínima erradicación alcanzada y la ausencia de una estrategia más eficiente contra el narcotráfico, fueron preparando el terreno para ser descertificados.

Tanto el presidente Donald Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, describieron a Petro como un socio errático e incapaz de dar resultados. El mensaje fue claro: la cooperación con Colombia se mantiene, pero al margen de este gobierno. Se rompió la confianza con Petro.

Si algo debería dejar esta descertificación es la certeza de que el país no puede seguir aplazando una estrategia eficaz contra el narcotráfico. El gobierno debe asumir que se necesita un viraje en la lucha antidrogas. Un cambio que tiene que incluir más erradicación, el retorno de la aspersión aérea, que ahora puede hacerse con drones, y reconocer que la improvisación en la ‘paz total’ con los grupos armados ha debilitado la capacidad del Estado frente a los narcotraficantes.

Colombia no puede ser arrastrada por la irresponsabilidad presidencial. Petro no cesa en su empeño de convertir los desplantes diplomáticos que le hacen, en combustible político interno. El comercio, la cooperación en seguridad y la lucha contra flagelos comunes como el narcotráfico no pueden ser sacrificados en aras de provocaciones populistas que solo buscan beneficios en las elecciones de 2026.

De otra parte, resulta contradictorio que un gobierno que ha prometido combatir la corrupción evada enfrentar uno de los mayores escándalos políticos y de corrupción de los últimos años. Eludir responsabilidades no solo debilita al Ejecutivo, sino que erosiona la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones.

Ni el gobierno ni los partidos políticos pueden substraerse de la responsabilidad que les corresponde en el grave escándalo en la Ungrd. La corrupción no se limita a quienes reciben sobornos. También incluye a quienes los ofrecen y en este caso las investigaciones apuntan a exfuncionarios del actual gobierno. El Ejecutivo debe rechazar contundentemente lo ocurrido, asumiendo la responsabilidad que le corresponde.

El país no puede tolerar que votaciones o reformas en el Congreso se abran camino a punta de chequeras, ni que los recursos públicos sirvan de instrumento para comprar votos. Aquí lo que está en juego es la integridad del sistema democrático.

El gobierno también tiene que aceptar que como resultado de las masacres, el confinamiento, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, el secuestro, las extorsiones y el fuego cruzado en las regiones, existe la percepción ciudadana de que la inseguridad ha alcanzado niveles sin precedentes. Lo que está pasando es resultado de la ‘paz total’, de los beneficios otorgados a la delincuencia organizada, del debilitamiento de la Fuerza Pública y de la permisividad con los cultivos ilícitos. Petro es el único responsable del caos de violencia que vivimos.

El presidente premia a los terroristas y criminales mientras ataca la rama judicial, al Congreso, a los gremios, a los medios de comunicación y a los que aún creen en la ley, el trabajo honesto y la democracia. El camino que su gobierno sigue no es del cambio social prometido, sino el de la destrucción de la institucionalidad.