El Estado infiltrado

Colombia ha desarrollado una alarmante facilidad para ignorar sus propias advertencias. Por más incómodas que sean, parecen quedar atrapadas en un limbo de negación colectiva, como si reconocerlas implicara aceptar una verdad que muchos prefieren no enfrentar.

Los primeros signos fueron evidentes. No bastó que los máximos mandos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tuvieran que ponerse al día mediante cursos elementales para asumir funciones que exigen competencias avanzadas en análisis, contrainteligencia, control interno y gestión de amenazas híbridas.

Tampoco bastó que los servicios de inteligencia fueran alertados sobre el creciente flujo de ciudadanos procedentes no solo de distintos países del continente, sino también del Medio Oriente y Asia, algunos con presuntas conexiones con grupos insurgentes y redes terroristas, cruzando las montañas colombianas mientras el Estado elegía no mirar demasiado de cerca.

Ni siquiera bastaron las sospechas que señalaban a altos funcionarios del Ejército, de los organismos de inteligencia y de la Dian como posibles participantes en oscuros circuitos de tráfico de armas que se usan para matar civiles indefensos y emboscar policías y soldados. Tampoco sirvieron las versiones en las cuales a ciertos delincuentes para ser incluidos en las listas de gestores de paz se les habría exigido pago en oro para facilitar su ingreso a la fachada de la Paz Total. Mucho menos bastó que el propio director de una de las agencias más importantes del Estado —la DNI— terminara prófugo sin que hasta ahora sea extraditado.

Estos episodios eran una alarma encendida, que en cualquier Estado con sentido de supervivencia habría asumido como una amenaza directa a su estabilidad y legitimidad. Pero aquí, lejos de detenerse a evaluar el peligro, el gobierno siguió su marcha como si nada, permitiendo que las grietas institucionales se ensancharan sin resistencia.

Hoy, las consecuencias de esa indiferencia, negación o complicidad ya no pueden esconderse. El enemigo no solo asedia desde afuera: se ha infiltrado dentro del propio Estado. Y lo más inquietante es constatar que llegó después de que todas las alertas, claras y reiteradas, fueran desoídas. Lo que empezó como un rumor —como tantas veces en la historia nacional— terminó con discos duros incautados, teléfonos analizados y nombres apareciendo en alianzas que rayan la traición a la patria.

En un país ya tensionado hasta el límite, descubrir que algunos de los llamados guardianes de la democracia pudieron haber actuado como interlocutores con grupos narcoterroristas no constituye un escándalo más: es un golpe directo al corazón de la confianza nacional e internacional. Es la confirmación de que el enemigo no siempre se oculta entre la selva ni porta un fusil; a veces ocupa un despacho, firma documentos y participa de reuniones oficiales.

La posibilidad de que sectores del Estado estén infiltrados por estructuras narcoterroristas, y que funcionarios de altos rangos se prostituyan al delito, no solo compromete la seguridad: destruye la legitimidad y erosiona la democracia. Pero el riesgo más brutal recae sobre los miembros de inteligencia y sobre las fuentes sensibles que obtienen información en territorios dominados por grupos criminales. Su labor depende del sigilo y de la lealtad institucional; cuando hay infiltración, su vida puede ser vendida por unas monedas. Exponer a quienes sirven en silencio no es solo una traición: es una sentencia de muerte.

La seguridad de un país no admite vacíos: si Colombia no recupera terreno, otros lo ocuparán. Cuando una amenaza narcoterrorista adquiere proyección internacional, las potencias afectadas intervienen militarmente para contenerla, no por altruismo, sino por seguridad nacional. Evitar ese escenario exige que Colombia restablezca su control institucional antes de que otros se vean obligados a imponer el suyo.