Indigenismo rentado

Por cálculo, necesidad o engaño, una parte de los pueblos indígenas terminó en el lado incorrecto de la historia.

En el Cauca, los Yanaconas marcharon junto a Sebastián de Belalcázar contra los Misak. Sagipa pactó con los invasores para derrotar a los Panches, sus rivales en Cundinamarca; en Córdoba, los Malibúes colaboraron con los españoles para someter a los Zenúes. Durante la guerra de independencia, los Pastos defendieron activamente el régimen monárquico. La recompensa fue la traición. Cinco siglos después, la tragedia se repite.

Hoy los pueblos indígenas han alcanzado una de las mayores conquistas territoriales en la historia moderna de Colombia: el 31 % del país está titulado a más de 846 resguardos legalmente reconocidos.

No obstante, estas zonas son selvas y desiertos sin agua potable, sin presencia médica ni escolar. Peor aún, se han convertido en enclaves de economías ilícitas, bastiones del narcoterrorismo y refugios de ideologías radicalizadas -nacionales y extranjeras-.

Al menos el 42 % de los resguardos tienen presencia de organizaciones criminales y, anualmente, son asesinados en promedio 35 líderes indígenas.

Algunos cabildos han sido cooptados, y la guardia indígena ha sido utilizada como escudo humano y medio para el secuestro de policías y soldados.

El reclutamiento forzado de menores indígenas ha generado una crisis silenciosa. Entre 2022 y 2023 -el período con datos disponibles-, el suicidio en esta población aumentó un 30 %, una cifra que quintuplica el promedio nacional.

La mayor redistribución de tierras, que convirtió a los indígenas en uno de los mayores latifundistas de Colombia, también los hizo rehenes.

En el norte del Cauca, el pueblo Nasa ha sido infiltrado por las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. En el Chocó, el ELN recluta forzosamente a miembros del pueblo Emberá y utiliza sus territorios como corredores para el narcotráfico. En Nariño, el pueblo Awá vive sitiado por la disputa violenta de rutas de la cocaína hacia el Pacífico y de la marihuana hacia las zonas urbanas de Colombia, Brasil y Centroamérica.

Al menos 68 pueblos indígenas están en riesgo de exterminio físico y cultural. Sin embargo, algunos líderes indígenas se dicen herederos del legado Inca, pero no solo son inca-paces, sino que traicionan a sus comunidades firmando contratos de ejecución cuestionable y pactando con grupos criminales para amedrentar a quienes los confrontan.

En nombre de los pueblos originarios, circulan en lujosas camionetas blindadas, mientras el 63 % de sus comunidades enfrenta una situación humanitaria crítica, con miles de indí-ge-nas en completa indi-gen-cia, mendigando en las calles de Cali, Popayán y Bogotá.

Irónicamente, desde 2022, el Cric y la Onic han consolidado un canal privilegiado con el Gobierno. Han recibido más de $ 405.000 millones en transferencias públicas, además del reconocimiento jurídico que les permite asentarse por fuera de sus resguardos.

Lejos de confrontar a un poder colonial, hoy la minga opera como una maquinaria subordinada a la demagogia radicalizada y como fuerza de choque en protestas y bloqueos.

El indigenismo ha sido, una vez más, conquistado y rentado, aunque clama por ser liberado de sus propios verdugos: aquellos que dicen representarlo.