El contrato como castigo

Pocas prácticas se han naturalizado tanto en la administración pública como las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). Lo que fue una herramienta excepcional se volvió la regla del empleo estatal, ¡sin excepción alguna! En 2024 se registraron más de 723.000 contratos, un 44 % más que en 2020. Detrás, una nómina paralela, precaria y clientelista que erosiona la dignidad profesional. Y de resultados, poco o nada. Solo más dependencia, desgaste y lenta inercia.

En el ámbito nacional y territorial, este modelo ha derivado en un esquema de subordinación sin garantías, donde el mérito importa menos que la cercanía política o la complacencia con el poder de turno. Para quienes no cuentan con padrinazgos ni representan cuotas, la renovación del contrato se vuelve una travesía incierta, casi milagrosa. Es la tragedia recurrente de cada término, una forma de humillación institucionalizada que agota el talento.

Lo más paradójico es que muchos contratistas no buscan privilegios, solo ejercer su labor con estabilidad y decoro. Son cientos de miles de profesionales con formación y vocación de servicio que aspiran a una carrera pública o, al menos, a un ingreso honesto. En teoría, no deben cumplir horarios fijos, pero en la práctica marcan tarjeta, trabajan más que en un empleo formal y sin garantías, ni condiciones ni derechos.

¿Es este su caso? Aunque es comprensible agradecer la posibilidad de trabajar, no puede normalizarse una estructura tan distante de cualquier estándar de justicia y racionalidad laboral. Lejos de ser una política eficaz contra el desempleo, la proliferación de las OPS ha institucionalizado el subempleo; dícese de trabajos mal remunerados, sin continuidad, que desaprovechan capacidades y degradan la esencia misma del servicio público.

La precariedad no se limita al contrato en sí, sino que se extiende a la burocracia que lo rodea. El contratista debe gestionar su propia seguridad social y asumir los riesgos de errores administrativos. Pero lo más exasperante es la liquidación de pagos, cada cuenta se convierte en una carrera de obstáculos donde cualquier minucia puede frenar desembolsos y acumular retenciones, afectando el ingreso mensual.

Tras años involucrado en proyectos de inversión pública, conocí —y experimenté en carne propia— el temor, compartido por muchos, de perder una asignación por no contar con la bendición política de turno. Y aunque reconozco algunas causas estructurales —rigideces presupuestales, lentitud en los procesos de convocatoria, un mercado poco competitivo—, la raíz del problema sigue siendo ese clientelismo persistente que somete la técnica al capricho del poder. Y no está de más decirlo cuantas veces sea necesario.

Si usted vive esta realidad, lo animo —en la medida de sus posibilidades— a levantar la mirada, a no depender exclusivamente de esta forma de vinculación y a buscar espacios donde su talento y vocación sean valorados con justicia, incluso si eso implica mirar más allá de las fronteras. Pensar en grande, confiar en su valor y, por qué no, cambiar de aires.

Al Estado le corresponde impulsar transformaciones y, al menos, dar ejemplo como mayor empleador del país. Una verdadera reforma laboral podría comenzar por fortalecer la carrera administrativa, con salarios competitivos, basados en mérito y orientados a resultados. Detrás de esta realidad hay personas agotadas, que cargan en silencio el peso del estrés y los vaivenes de una sociedad en extremo caótica. Alguien debe escuchar. Alguien tiene que dar el primer paso.

Queda para otro espacio echar unos párrafos sobre los contratos de 10 u 11 meses en educación o la precariedad en el sector privado. ¿Quién regula? ¿Quién responde? Mi solidaridad con quienes viven esa perplejidad —que también conocí— y hoy reclaman respuestas.