Ciudadanía e interés público

‘La ciudadanía’ es un concepto clave en sociología. Tiene que ver con las formas, concretas e históricas, como una población se relaciona con un Estado en formación y los derechos y deberes que de allí resultan. Un aporte clásico sobre este tema es el de T.H. Marshall y Tom Bottomore (Alianza Editorial, 1998). Marshall argumenta que, en el Siglo XIX, hubo avances, especialmente en el mundo occidental, en la ciudadanía civil, la política y la social.

La civil hace referencia a los derechos necesarios para la libertad individual, de expresión, de pensamiento, de propiedad privada, de contratación y de justicia. La política apunta al derecho a participar en el ejercicio del poder político. Y la social al derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar. Todos estos derechos se han logrado mediante reclamos, movilizaciones, revueltas y revoluciones en las que se manifestó la población y sus dirigentes y se transformó el Estado como operador y garante.

En el Siglo XX fue muy significativa la movilización por un trabajo digno. A lo largo del siglo, se asistió al movimiento social más importante, aún no concluido, con las demandas y movilizaciones de las mujeres. Ha sido una revolución silenciosa que ha logrado derechos civiles, políticos y sociales. Desde finales del Siglo XX hasta ahora, aparecen otras demandas de la población, vinculadas con sectores particulares y nuevas identidades étnicas o de sexualidad. Sobresale el tema de la relación con la naturaleza y los derechos que se estatuyen sobre este recurso. Se conceptualizan los derechos del reino natural y los deberes que los humanos tenemos.

Es importante subrayar que no hay ciudadanía solamente practicando ‘derechos’. Es claro que se corresponden con ‘deberes’ y que se deben establecer límites, especialmente cuando el ejercicio de los derechos de unos van contra otros. Aparece entonces otro concepto, clave en sociología, que es el de ‘interés público’.

Uno de los problemas más interesantes del Estado moderno, hablando solamente del Estado nacional en Occidente, es si refleja en la práctica el interés colectivo que se defiende constitucionalmente, o bien intereses particulares, de clase, o corporativos, o de los grupos burocráticos enquistados en el funcionamiento del Estado. Mucho de esto se puede ilustrar para los diversos Estados, de izquierda y de derecha. Mirado desde el punto de vista de la sociedad, el problema es que grupos particulares buscan incidir en el Estado, sin tener en cuenta el tema del interés público o colectivo y sin ser contrarrestados prácticamente por la opinión pública afectada. Hoy está vigente, como nunca, la relación conflictiva entre los derechos particulares y el interés colectivo general, en los diversos países y no solamente en el mundo occidental.

En Colombia, la ciudadanía atraviesa por una complicada y difícil situación de seguridad, en derechos y en deberes. ¿Quién garantiza prácticamente a la población el derecho a la seguridad? Funcionan grupos armados particulares que tienen asediado al Estado y se sirven de la población para garantizar su acceso ilegal a recursos económicos. Brindan una seguridad mafiosa que se basa en el miedo. Por otro lado, algunos sectores de la élite estatista, promueven armar la sociedad y fomentar formas de seguridad privada armada. El apoyo y la credibilidad de la población a las Fuerzas Armadas del Estado son insuficientes. En estas circunstancias, es fundamental volver sobre los sectores ciudadanos que defienden la convivencia y buscan la seguridad de manera no armada. Estos sectores existen en Colombia, en campos y ciudades, en las distintas regiones. Se requiere visibilizar sus reclamos al derecho de la seguridad, de manera no violenta y no armada.