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Fiscalía de Perú pide 34 años de prisión para expresidente Pedro Castillo
El expresidente es acusado de perpetrar un golpe de estado en 2022.
La Fiscalía de Perú pidió este viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por su fallido intento de disolver el Congreso y “perpetrar un golpe de estado” en diciembre de 2022.
“El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública”, informó la Fiscalía a través de la red social X (antes Twitter).
“El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022″, según el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
El documento fue entregado al juez encargado del caso, Juan Carlos Checkley, quien deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación. Castillo, de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Castillo ha defendido su inocencia. “Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.
El expresidente (2021-2022) reiteró su versión de que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
