Tribunal Superior de Bogotá aprueba plazo para que Fiscalía y presuntas víctimas radiquen casación contra absolución de Álvaro Uribe

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá determinó ampliar hasta el próximo 13 de enero de 2026 el plazo para que tanto la Fiscalía General de la Nación como la bancada de las presuntas víctimas presenten la sustentación oficial de la demanda de casación con la que buscan revertir el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El documento oficial, que tiene fecha el 24 de noviembre de 2025, confirmó que la justicia accedió a las peticiones de prórroga formuladas por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, así como por los abogados Reinaldo Villalba (defensor de Iván Cepeda), Miguel Ángel del Río (defensor de Deyanira Gómez) y Juan David León Quiroga (defensor de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo).

La Sala Penal fijó como hora límite las 5:00 de la tarde del mencionado día de enero para la entrega de los documentos.

Los magistrados argumentaron que concedieron este tiempo adicional para garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y debido a la evidente “complejidad del asunto”, permitiendo así que las partes estructuren adecuadamente sus argumentos contra la sentencia absolutoria.

“La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá nos concede la ampliación del término para sustentar el recurso extraordinario de casación hasta el 13 de enero de 2026 para víctimas y Fiscalía”, fue el pronunciamiento del abogado del Río.

Esta nueva etapa procesal surgió tras la decisión del pasado 21 de octubre de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia y declaró inocente al líder del Centro Democrático. En aquella diligencia, el magistrado ponente, Manuel Merchán, desestimó la tesis de que Uribe Vélez impartió instrucciones al abogado Diego Cadena para presionar a testigos.

El tribunal capitalino consideró que no existió prueba directa que vinculara al exmandatario con los ofrecimientos de beneficios jurídicos a exparamilitares, contradiciendo así lo que meses antes concluyó la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien el 1 de agosto de 2025 condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria.

Es de importancia destacar que este recurso de casación no funciona como una tercera instancia para repetir el juicio ni para volver a interrogar testigos. Se trata de una herramienta legal extraordinaria y técnica diseñada para que la Corte revise si el Tribunal de segunda instancia cometió errores graves en la interpretación de la ley o en la valoración de las pruebas.

Cuando ya se haya presentado este recurso, la Corte Suprema deberá tomar la decisión si aprueba o no la casación. En caso positivo, el alto tribunal tendrá un plazo máximo de cinco años para definir en su totalidad este proceso judicial que llevó por primera vez al banquillo a un expresidente de la República.

*Con información de Colprensa y redacción de El País