Nueve excombatientes de las Farc reconocen crímenes contra comunidades étnicas en audiencia histórica de la JEP en Cali

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló en Cali la primera Audiencia de Reconocimiento del Caso 05, en la que nueve exintegrantes de las antiguas Farc aceptaron su responsabilidad en crímenes cometidos contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población campesina en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

El acto, considerado un hito para la región, es liderado por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator del caso, junto al presidente de la Sala de Reconocimiento, Óscar Parra.

El Caso 05 documenta más de 4800 hechos victimizantes ocurridos entre 1993 y 2016 en 19 municipios de ambos departamentos, donde operaron las columnas móviles Jacobo Arenas, Gabriel Galvis y Miller Perdomo, así como el Frente Sexto.

Estas estructuras, según la investigación, desplegaron patrones sistemáticos de control territorial que derivaron en asesinatos, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores, instalación de minas antipersonal, ataques contra comunidades y afectaciones ambientales y espirituales.

La JEP imputó como máximos responsables a Leonel Páez, Luis Garipiari, José 40, Marcos Zamora, Ricardo Loaiza, Jaime Barragán, Euclides Salazar, Fernando García y Enover González, excomandantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis.

Ellos deberán ofrecer una explicación pública sobre las decisiones y órdenes que llevaron a la comisión de estos crímenes y responder a las víctimas acreditadas en el proceso, que suman 156 sujetos colectivos, entre ellos 45 comunidades indígenas, 88 consejos comunitarios afrodescendientes y 14 organizaciones de víctimas.

En total, representan a más de 180.000 personas, incluido el río Cauca, reconocido en 2023 como víctima por las afectaciones ambientales sufridas.

La audiencia se desarrolla en dos bloques: el primero, realizado el 25 y 26 de noviembre, y el segundo, programado para el 2 y 3 de diciembre.

Para garantizar la seguridad, la JEP dispuso medidas estrictas: no se permiten registros audiovisuales externos, y las imágenes oficiales serán producidas únicamente por el Sistema de Medios y la Subdirección de Comunicaciones de la jurisdicción.

A ello se suman protocolos de confidencialidad y protección frente a amenazas recientes contra autoridades indígenas y organizaciones que participan en el proceso, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. “Mientras avanzamos en la paz, la reconciliación y la reconstrucción del tejido social, el conflicto armado persiste. Pero ese es el reto: traer justicia a las víctimas, traer verdad y traer reparación”, advirtió Parra.

El magistrado también destacó el componente restaurativo del caso. La JEP ha realizado diligencias interjurisdiccionales con sistemas de justicia indígena y afro; ha adelantado procesos de búsqueda de desaparecidos; ha escuchado 91 versiones voluntarias individuales y cuatro colectivas; y ha contrastado 28 informes de entidades estatales, organizaciones étnicas, campesinas y de sociedad civil.

“Poco a poco hemos abierto, con las imputaciones que se han hecho y con la construcción de esta audiencia, un camino para romper justificaciones, romper negacionismos, romper excusas y lograr que estos crímenes se reconozcan en su justa magnitud”, dijo Parra.