Tribunal niega a defensa de Nicolás Petro acceso a prueba clave de la Fiscalía

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la solicitud de la defensa de Nicolás Petro Burgos para acceder a una prueba que la Fiscalía utilizó en su contra en el proceso penal que enfrenta.

La negativa se basó en que no se probó que la información fuera reservada ni se cumplió con los mecanismos legales adecuados para exigir su entrega.

Con este resultado, el equipo de Nicolás Petro estaría buscando otras alternativas para recopilar las pruebas necesarias para su defensa.

Esto se sabe sobre la negativa

La más reciente decisión dentro del proceso que se adelanta contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, marcó un revés para su equipo legal.

Hay que mencionar que la Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de más de 600 millones de pesos que estaban destinados, presuntamente, a la campaña presidencial de su padre en 2022, pero que habrían sido desviados para beneficio personal.

Dicho proceso legal inició en 2023, cuando ocurrió su captura y se generaron hipótesis del caso. Una de ellas indica que ese dinero fue utilizado para la compra de bienes junto a su entonces pareja sentimental, Day Vásquez.

El magistrado ponente Luis Norberto Cermeño, junto a sus colegas Fabio Iván Afanador García y Ana Margoth Chamorro Benavides, concluyeron que no era procedente el recurso de insistencia que presentó el abogado Alejandro Carranza.

Según el Tribunal, la Fiscalía no alegó reserva sobre la prueba solicitada, por lo que no se daban las condiciones para que el recurso fuera válido.

“La situación en esta oportunidad resalta de bulto, pues la Fiscalía no adujo reserva alguna en sus respuestas a las cuatro solicitudes”, dice concretamente el fallo.

La defensa, por su parte, consideraba que las respuestas habían sido evasivas e insatisfactorias, y por ello la insistencia de dicha solicitud.

Y es que el equipo intentaba acceder a documentos relacionados con una fuente formal utilizada por la Fiscalía, cuyo contenido incluiría un informe de validación, una declaración o entrevista inicial, y un análisis de idoneidad.

Sin embargo, estos elementos se encuentran bajo custodia del Sistema de Información de la Sección de Análisis Criminal (Sisac) del CTI, una plataforma a la que la fiscal del caso, Lucy Laborde, aseguró no tener acceso.

Laborde también argumentó que la solicitud de acceso debió plantearse en su momento procesal oportuno. “La solicitud elevada debió ser materia de debate dentro de la audiencia de legalización de la captura”, afirmó.

Finalmente, el Tribunal aclaró que, al no haber sido alegada formalmente ninguna reserva sobre la información solicitada, la defensa debía haber recurrido a otras vías jurídicas más apropiadas en lugar de presentar un recurso de insistencia.