Ordenan la captura de tres exgobernadores del Putumayo; se robaron la plata para la reconstrucción de Mocoa

En las últimas horas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra tres exmandatarios regionales del Putumayo que estuvieron involucrados en el desfalco de sus departamentos por medio de contratos irregulares.

De esta manera, el alto tribunal ratificó la condena de 10 años de cárcel y ordenó la captura inmediata contra los exgobernadores de Putumayo Fabián Alfonso Belnavis, Carlos Alberto Palacios y Renzo Alfonso León.

Cabe recordar que esta pena había sido interpuesta en primera instancia; sin embargo, los condenados interpusieron una apelación par que un tribunal superior revisara el caso.

Los exmandatarios fueron hallados culpables de un millonario desvío de fondos que iban a ser invertidos en infraestructura.

Siendo así, la Corte Suprema señaló sus responsabilidades en las irregularidades encontradas en el contrato con la organización internacional Convenio Andrés Bello (Secab), entre los que se encontraban obras de infraestructura y recuperación de Mocoa, algo que no se ha cumplido desde la avalancha ocurrida el 31 de marzo de 2017 y que dejó 330 muertos y cerca de 400 heridos.

Sobre los cargos por los que se les condena, la alta corte aseguró que a Belnavis y Palacios se les halló culpables de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por su parte, a León Vargas se le condenó por peculado por apropiación.

“Está probado que, para llevar a cabo su cometido, Fabián Alfonso Belnavis Barreiro requirió el apoyo de diversas personas, quienes, desde sus competencias, aportaron lo necesario para seguir adelante con el proceso de contratación directa con la Secab”, se lee en el fallo.

Sobre la recuperación de Mocoa, de donde se robaron los fondos para ese fin, la Contraloría recientemente dio un balance negativo sobre el avance de las obras, ocho años después.

Así lo concluyó el Vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, durante una visita de seguimiento a las obras que debían ejecutarse tras la tragedia.

Zuluaga explicó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no liquidó oportunamente los contratos de vivienda, a pesar de las advertencias hechas por la Contraloría en años anteriores.

Señaló que, hasta el momento, apenas se estaban construyendo 160 casas y que la culminación del proyecto depende de una nueva evaluación del estado de esas obras y de los recursos disponibles.

Durante la visita, el Vicecontralor advirtió que no será posible entregar las 900 viviendas antes de que finalice el actual gobierno. “Pasaron tres gobiernos y los damnificados de Mocoa no verán las viviendas construidas”, afirmó.