Nuevo giro en el caso Juan Felipe Rincón: la Fiscalía pide precluir el proceso

Cinco meses después del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del exinspector de la Policía William Rincón, un inesperado giro judicial sacudió el proceso.

Este 10 de abril, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá la preclusión del caso en favor de Andrés Camilo Sotelo, el único vinculado formalmente hasta la fecha.

La petición se sustenta en la falta de pruebas que permitan desvirtuar la presunción de inocencia del joven capturado en noviembre del año pasado.

Según la fiscal delegada, los elementos materiales recaudados, entre ellos análisis balísticos y fotogramas de video, indicarían que Sotelo no fue quien disparó el proyectil que acabó con la vida de Rincón el pasado 24 de noviembre en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá.

Aunque la defensa de Sotelo celebra la solicitud de preclusión, el caso dista de estar cerrado. Paralelamente, se ha presentado una nueva solicitud que podría cambiar el curso de la investigación: un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la penal militar para determinar quién debe investigar al patrullero Sergio Felipe Rico Rueda, escolta de Juan Felipe y presente en la escena del crimen.

La defensa de Sotelo sostiene que fue Rico quien disparó el arma que causó la muerte del joven de 21 años. Un informe pericial del CTI sostiene que la pistola Sig Sauer SP2022, de propiedad del escolta, fue el único arma hallada en condiciones de funcionamiento en el lugar de los hechos. En contraste, el revólver entregado por la familia de Sotelo no era apto para disparar, según el mismo análisis técnico.

El abogado Saúl León, defensor de Sotelo, insiste en que la investigación contra su cliente no solo ha sido injustificada, sino que ha ignorado pruebas cruciales que señalan al escolta como el presunto responsable del disparo mortal.

En su solicitud al ente acusador, subraya que Rico, como miembro activo de la Fuerza Pública, debería ser investigado por la justicia ordinaria, ya que habría desbordado sus funciones constitucionales al realizar disparos sin justificación aparente, poniendo en riesgo a menores y civiles indefensos.

Para la familia Rincón, sin embargo, el debate legal apenas roza la superficie de un caso plagado de inconsistencias. El general (r) William Rincón ha denunciado públicamente que su hijo fue víctima de una emboscada premeditada por parte de una red de extorsionistas, y que la principal testigo de esos hechos, una menor de edad que habría citado a su hijo al lugar del crimen, está desaparecida.