La Corte Suprema de Justicia redujo la condena a policías señalados de extorsionar a ciudadano en un CAI

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó la condena contra los patrulleros Jorge Humberto Rodríguez Loaiza y Brayan Steven Rojas Cardona, procesados por exigir dinero a un ciudadano a cambio de no judicializarlo.

Inicialmente sentenciados por secuestro extorsivo agravado, la Corte determinó que el delito cometido fue concusión, una forma de corrupción en la que un funcionario abusa de su cargo para exigir dinero o beneficios de manera indebida. Con este cambio, la pena se redujo a ocho años de prisión.

El caso se remonta al 23 de noviembre de 2014, cuando los patrulleros detuvieron a Jesús Emilio Velásquez Vargas, quien conducía una motocicleta presuntamente robada. Posteriormente, lo habrían trasladado al CAI La Gaitana, en Bogotá, donde le exigieron la suma de $800.000 para evitar su judicialización. Velásquez Vargas entregó la mitad del dinero y fue liberado, pero denunció la situación ante la Sijín luego de salir.

El proceso avanzó hasta que, en diciembre de 2019, los policías fueron condenados por secuestro extorsivo agravado, fallo ratificado por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de junio de 2020, que los sentenció a 450 meses de prisión. Sin embargo, la defensa interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, alegando que el delito había sido mal tipificado.

Tras revisar el caso, la Sala Penal concluyó que la captura de Velásquez Vargas fue legítima, ya que se basó en una presunta flagrancia por receptación. No obstante, estableció que los agentes incurrieron en concusión al exigir dinero de manera ilegal, sin necesidad de probar su destino final.

En consecuencia, la Corte modificó la sentencia y les impuso una pena de 96 meses de prisión y una multa de 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, ordenó la libertad inmediata de Jorge Humberto Rodríguez Loaiza, considerando que ya cumplió su condena con el tiempo que ha estado privado de la libertad.

El Ministerio de Justicia y del Derecho indica que en caso de ser víctima o conocer un caso de extorsión, se puede comunicar con la línea 165 del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Allí recibirán la denuncia y orientarán sobre los pasos a seguir.

El Gaula trasladará el caso a un fiscal delegado para extorsiones, quien se pondrá en contacto con la víctima para ampliar la denuncia. Posteriormente, el Gaula y la Fiscalía trabajarán conjuntamente para capturar a los responsables y brindar protección a la víctima y su familia.

Si los presuntos delincuentes son capturados, la Fiscalía investigará los hechos con apoyo del Gaula y llevará el caso ante un juez penal, quien determinará la responsabilidad de los acusados.