Justicia y Paz rechaza solicitud de Salvatore Mancuso para trasladarse a Montería; continúan las restricciones

Durante el miércoles, 25 de junio, se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala de Justicia y Paz, tuvo un desacuerdo frente a las peticiones presentadas por Salvatore Mancuso.

Y es que el tribunal negó nuevamente la solicitud presentada por el capturado para fijar su lugar de residencia en la ciudad de Montería, mientras responde a su condena.

La decisión, que incluye la ratificación de restricciones de movilidad en regiones donde operaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se da en el marco de las condiciones legales impuestas tras su regreso al país.

Caso de Mancuso

Desde su retorno a Colombia el pasado 27 de febrero de 2023, luego de cumplir una condena de 17 años en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, Mancuso ha permanecido en la ciudad de Bogotá.

A inicios de este año, su equipo jurídico presentó una solicitud formal para permitirle trasladarse a Montería, alegando razones de salud y la necesidad de estar cerca de su familia.

Sin embargo, la jueza Luz Marina Zamora determinó que no existen fundamentos médicos ni técnicos suficientes que justifiquen el cambio de domicilio.

Por su parte, la defensa del capturado señaló que “el cambio de domicilio está justificado en la cercanía del tribunal con los casos y las víctimas que se encuentran en la costa del país”, se puede leer en el derecho de apelación presentado a la Corte.

Además de negar el cambio de ciudad, la decisión judicial mantiene la prohibición para que Mancuso visite los departamentos donde ejerció influencia directa como comandante paramilitar.

Según se había revelado por medios de comunicación el año pasado, algunos de estos lugares son: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander.

La restricción también aplica a cinco municipios de Antioquia que fueron afectados por la violencia paramilitar: Apartadó, Ituango, Arboletes, San Pedro de Urabá y Necoclí.

En caso de que suceda, cualquier desplazamiento a estas zonas solo será permitido con autorización previa de las autoridades judiciales.

Uno de los principales fundamentos de la negativa fue la necesidad de proteger los derechos de las víctimas, así como de las comunidades que padecieron la violencia de las AUC.

La resolución se da en medio de una controversia entre fallos emitidos por tribunales de Bogotá y Barranquilla respecto a las condiciones de libertad de Mancuso.

Finalmente, Justicia y Paz dejó en firme las medidas restrictivas, despejando así la incertidumbre legal que rodeaba su caso.