Judicializan a excompañera sentimental de 'Otoniel' y cinco personas más por almacenar dinero del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Blanca Senovia Madrid Benjumea, alias La Flaca y excompañera sentimental de 'Otoniel', máximo cabecilla del Clan del Golfo, por hacer parte de una red señalada de almacenar, distribuir, transportar y transformar dineros de dicho grupo ilegal.

Junto a 'La Flaca' fueron judicializadas cinco personas más, entre ellas las hermanas Erica y Olga Stella Villamizar, quienes serían las encargadas de mover millonarias sumas de dinero de Medellín, Antioquia, a Cali, Valle y a Montería, Córdoba, donde presuntamente la expareja sentimental de 'Otoniel' las recibía y destinaba para cubrir gastos familiares, y vivir en medio de lujos.

De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, Blanca Madrid pagaba mensualmente arriendos superiores a los $6 millones, y adquiría bienes y servicios a los que ella no podría acceder sin tener un trabajo o una fuente de ingreso.

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Por lo contrario, se conoció que esta mujer luego de cumplir su condena por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, se mantuvo con dineros del Clan del Golfo.

Por otro lado, se supo que las hermanas Villamizar fueron detenidas en flagrancia en octubre de 2019, en Buga, Valle, cuando estas se movilizaban con $490 millones en una camioneta, dinero que según la nueva evidencia, sería entregado a alias La Flaca, quien residía en Cali.

La Fiscalía le imputó a estas tres mujeres el delito de concierto para delinquir con fines de lavado de activos. Por tal motivo, 'La Flaca' cumplirá su condena en una cárcel, mientras que las hermanas Villamizar lo harán en su lugar de residencia.

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Con respecto a los otros procesados, se conoció que se trata de José de Jesús Ruiz Arroyave, exintegrante de las AUC y primo del exjefe paramilitar, Miguel Arroyave; José Manuel Zapata, alias El Tío; y Bilal Barudy Zapata; presuntos responsables de agrupar el dinero del Clan del Golfo, contarlo, distribuirlo, camuflarlo en vehículos y enviarlos desde Antioquia a los familiares de los cabecillas de dicho grupo ilegal.

A estas personas, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, y solicitó que estos sujetos cumplieran su condena en prisión, pedido que fue avalado por un juez de control de garantías.