Fiscalía pidió imputación y cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso Ungrd

El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que lidera la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), radicó este miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla, y del Interior Luis Fernando Velasco, por su presunta responsabilidad en graves delitos contra la administración pública.

La Fiscalía General de la Nación estableció que la medida que solicitarán ante el juez de control de garantías será la detención en centro carcelario para ambos exfuncionarios.

Los delitos por los cuales serán procesados incluyen el concierto para delinquir agravado, el interés indebido en la celebración de contratos y el cohecho por dar u ofrecer.

“La medida a solicitar será privativa de la libertad en centro carcelario”, señalaron en un comunicado los fiscales, quienes explicaron que dicha solicitud se formula por ser “presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer”.

La investigación del ente acusador tomó un impulso definitivo tras la firma de un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, quien se desempeñó como asesora del Ministerio de Hacienda y se convirtió en la testigo principal contra su exjefe.

Según los elementos materiales probatorios recopilados y las declaraciones entregadas a la justicia, Benavides aseguró que Ricardo Bonilla impartió órdenes directas para gestionar los desembolsos de recursos públicos con fines específicos que distaban de los procedimientos regulares.

Las pesquisas de la Fiscalía, apoyadas en investigaciones periodísticas, apuntan a que el objetivo de estas maniobras financieras era asegurar los votos necesarios en la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República.

La intención era lograr la aprobación de las solicitudes de endeudamiento que requería el Gobierno Nacional. Se presume que, para lograr este apoyo legislativo, se coordinó la adjudicación de tres contratos por un valor aproximado de 92.000 millones de pesos, los cuales estarían destinados a beneficiar a seis congresistas a cambio de su respaldo político.

Frente al anuncio de la inminente imputación, la defensa del exministro de Hacienda reaccionó de inmediato argumentando que la naturaleza de esta acusación es diferente a otras líneas del mismo escándalo.

El abogado penalista Mauricio Pava, quien encabeza la defensa de Bonilla, declaró que cuentan con las pruebas necesarias para demostrar que no se cometieron delitos. El jurista enfatizó que en este caso específico no existen pruebas materiales de entrega de efectivo ni situaciones que involucren maletines con dinero, como sí ocurrió con otros implicados en el saqueo a la entidad.

La defensa calificó los hechos investigados como una discusión sobre la “reciprocidad funcional” entre las ramas del poder público. Desde su perspectiva, lo que la Fiscalía interpreta como un delito, será objeto de un profundo debate jurídico para determinar si realmente cruzó la línea hacia lo penal o si se trató de dinámicas propias de la administración pública.

Ricardo Bonilla, quien ocupó la cartera de Hacienda entre mayo de 2023 y diciembre de 2024 tras suceder a José Antonio Ocampo, negó sistemáticamente las acusaciones en su contra. Su equipo legal reiteró la total disposición del exministro para comparecer ante las autoridades competentes, señalando que atendió puntualmente todos los requerimientos previos.

Asimismo, se acreditó su arraigo familiar, social y profesional en Colombia para desvirtuar cualquier rumor sobre un posible riesgo de fuga, argumento que usarán para oponerse a la medida de cárcel.

La Fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la fiscal María Cristina Patiño, será la encargada de oficializar los cargos en las audiencias que se programarán en las próximas horas, donde se definirá la situación jurídica y la libertad de los exministros Bonilla y Velasco.