Durante el paro nacional hubo 28 casos de violencia de género, según ONG

Emilia*, una joven de 18 años que no participaba en las manifestaciones del Paro Nacional de 2021, fue abordada y agredida sexualmente por agentes de la Policía Nacional, cuando decidió sacar su celular para grabar un enfrentamiento entre manifestantes y el entonces Esmad.

“Me subieron a la moto y el policía me decía que me quería lamer, que me quería violar, que me bajara los pantalones y a otra niña le hicieron lo mismo y le estaban pegando” además le gritaban “¿por qué no estás en la casa cocinando, perra hijueputa?”, dice uno de los relatos recopilados por La oenegé Amnistía Internacional en un informe sobre violencia de género durante el Paro Nacional, revelado este jueves.

Este informe titulado: 'La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021', documenta 28 casos de violencia de género que tuvieron lugar en siete ciudades contra mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco de las protestas.

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“Durante el Paro Nacional de 2021 recibimos cientos de reportes de violencia de género en los que se exponían con detalle violencia psicológica, discriminación, amenazas, tocamientos, acoso sexual, desnudez forzada, tortura y violencia sexual. Tras haber documentado 28 de estos incidentes en profundidad, está claro que la violencia de género fue utilizada por la Policía Nacional como herramienta de represión para castigar a quienes se atrevieron a alzar la voz y protestar”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Los casos documentados tuvieron lugar en las ciudades de Cali y Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Soledad (Atlántico), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas) y Bogotá.

El informe revela además que la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+ estuvo indisolublemente ligada a otros factores de discriminación, como la raza, el origen étnico y la orientación sexual.

Por último, Amnistía Internacional dice que recibió información sobre la manera en que el sistema de justicia (y especialmente la Fiscalía General de la Nación) eludió responder, o respondió inadecuadamente, a las denuncias presentadas por sobrevivientes de violencia de género.

*Nombre cambiado por seguridad.