Corte Constitucional tomó crucial decisión contra ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por pagos a las EPS

La Corte Constitucional archivó el incidente de desacato que había abierto contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunto incumplimiento en el pago de los ajustes a los presupuestos máximos del año 2022, mecanismo con el que se financian servicios y tecnologías en salud no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Según el tribunal, el ministro gestionó el pago total de $ 819.667 millones y expidió el nuevo marco metodológico exigido.

El incidente se originó en noviembre de 2023, cuando la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 —que vela por el cumplimiento de las órdenes estructurales en materia de salud— emitió el Auto 2881 de 2023, en el cual calificó como “bajo” el nivel de cumplimiento del Gobierno frente al pago de los Presupuestos Máximos (PM).

En ese auto, la Corte ordenó al Ministerio de Salud cinco acciones principales. Entre ellas, pagar los ajustes pendientes por concepto de los PM de 2021 y 2022, definir la metodología para reajustar los valores de 2023, y crear un marco normativo unificado para la gestión de los PM.

Estas medidas eran necesarias —según la Corte— para garantizar que los recursos destinados a servicios médicos por fuera del plan básico (UPC) fueran suficientes, oportunos y sostenibles.

El 13 de diciembre de 2024, ante nuevos reportes de mora en los pagos y falta de respuesta del Ministerio de Hacienda, la Corte emitió el Auto 2049 de 2024, en el que valoró nuevamente el cumplimiento de esas órdenes y abrió un incidente de desacato contra el ministro Jaramillo, al considerar que aún no se habían realizado los pagos del ajuste 2022 ni se había expedido la metodología exigida.

La Corte concluyó que el Ministerio no garantizó la liquidez suficiente para las EPS y que el sistema de salud seguía sin una fuente de financiación efectiva para estos servicios.

Ante ese escenario, el ministro Jaramillo gestionó, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el pago total de los $ 819.667 millones adeudados, y lo completó el 16 de mayo de 2025.

Así lo reconoció la Corte en el Auto 1002 de 2025, del 16 de julio, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

Además, el Ministerio expidió la Resolución 067 de 2025, que unifica las disposiciones y define la nueva metodología para calcular y reajustar los Presupuestos Máximos.

La Corte verificó estos avances y decidió archivar el incidente de desacato, pues, según su jurisprudencia, el objetivo de este mecanismo no es sancionar al funcionario, sino lograr el cumplimiento pleno de las órdenes judiciales.

Si bien la Corte consideró cumplidas las órdenes respecto a 2022, la evaluación sobre el cumplimiento de las demás obligaciones del Auto 2881 de 2023 aún está pendiente, entre ellas el reajuste de los PM del año 2023 y la suficiencia de los pagos realizados durante 2024.

La Corte advirtió que la evaluación material del nuevo marco metodológico se realizará en una actuación posterior, conforme a los criterios del Auto 411 de 2015, que define los niveles de cumplimiento (bajo, medio, alto, superado y no evaluado) aplicables a las órdenes estructurales.