La gobernadora Dilian Francisca Toro impulsa medidas contra la violencia en el Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, ha puesto en marcha un paquete de acciones para afrontar las crecientes amenazas de los grupos armados en la región. El departamento enfrenta presencia de disidencias en las cordilleras Central y Occidental, uso de Jamundí como corredor del narcotráfico y la actuación de bandas extorsivas en las principales ciudades, situación que, según la administración regional, obliga a respuestas locales ante la falta de avances efectivos en el diálogo nacional.

Frente a ese escenario, la Gobernación advierte que la Fuerza Pública ha visto reducidos sus recursos para enfrentar la criminalidad, por lo que la Tasa de Seguridad se consolida como una herramienta clave para suplir esa necesidad en el territorio. Creada en 2017 durante la primera administración de Dilian Francisca, la Tasa gravita sobre los vallecaucanos de estratos 4, 5 y 6 y sobre los sectores comercial e industrial, y ha permitido disponer de fondos destinados a fortalecimiento operativo e inteligencia.

En ocho años, la entidad reporta una recaudación cercana a $200.000 millones, con ejecuciones por $194.000 millones orientadas a reforzar capacidades de la Fuerza Pública. La administración asegura que la gestión de estos recursos se realiza con transparencia a través del Comité Territorial de Orden Público, integrado por entidades como la Fiscalía y Migración Colombia, instancia que define las inversiones en seguridad. Señalan además que la iniciativa inspira medidas similares en otros departamentos, como Antioquia.

Las acciones financiadas con la Tasa incluyen la financiación de recompensas ciudadanas que han coadyuvado en 150 capturas de delincuentes de alto perfil; monitoreo satelital que posibilitó rescates en alta mar; y la adquisición de equipos antidrones que habrían contribuido a frustrar 28 ataques entre septiembre y diciembre de 2024. También se han adquirido 300 motocicletas, 38 vehículos, 131 cámaras de videovigilancia con reconocimiento de placas, 950 chalecos antibalas y 85 equipos de geolocalización marítima.

Adicionalmente, los fondos permitieron la construcción del Centro de Gestión de Emergencia y Seguridad (Cges) en Buga, un centro con capacidad tecnológica para el monitoreo y la atención de emergencias en el departamento. La gobernación está gestionando, a su vez, la modernización del Sistema de Comunicaciones de la Policía en el Valle y en Cali —sin cambios desde hace 25 años—, la compra de radios satelitales para el Ejército y la cofinanciación de cámaras para municipios como Buenaventura y Jamundí.

Estas medidas forman parte de la estrategia del gobierno departamental para recuperar el control territorial y la tranquilidad de la población. Entre las decisiones operativas destacan los Batallones de Alta Montaña que se implementan en zonas rurales de Jamundí, Bugalagrande, Sevilla, Barragán (Tuluá) y Florida. En Jamundí, la administración resalta intervenciones orientadas a cortar el suministro de gasolina a las bandas del narcotráfico.

La gobernadora sostiene que la seguridad constituye un pilar esencial para el desarrollo: sin seguridad, advierten desde su oficina, no se garantiza la inversión, el empleo ni la reducción de brechas. La administración defiende la Tasa de Seguridad frente a críticas, argumentando que muchas observaciones desconocen el contexto regional, los efectos del fracaso de la política nacional de Paz y la merma de recursos destinados a la lucha contra la delincuencia.

Ante el panorama de violencia y recursos limitados a nivel nacional, la gobernación concluye que la respuesta territorial del Valle del Cauca ha sido activa y decidida. La hoja de ruta anunciada por la gobernadora Dilian Francisca Toro busca, según su despacho, recuperar la tranquilidad y proteger la vida de los vallecaucanos mediante inversiones en tecnología, logística y articulación con la Fuerza Pública.