¡Ojo al dato! El golpe al bolsillo que viene para los estratos 4, 5 y 6 en Colombia

En medio del agitado panorama político que atraviesa Colombia, debido a las declaraciones de Nicolás Petro en contra del Gobierno de su padre, se avecinan una serie de aumentos que afectarán principalmente a los estratos altos del país.

El Gobierno ya ha anunciado estos incrementos que se mantendrán vigentes durante el año 2023. Uno de los primeros golpes a las finanzas de muchos ciudadanos será un aumento en la tarifa de energía para los estratos 4, 5 y 6.

Inicialmente, se aplicará un alza de 1.000 pesos, obligatorio para esta parte de la población. Asimismo, los usuarios comerciales e industriales verán un aumento de 5.000 pesos por factura.

Según el Gobierno, estos aumentos tienen como objetivo contar con recursos para la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el departamento de La Guajira.

Otra medida que afectará el bolsillo de los colombianos, independientemente de su estrato, será el nuevo incremento en el precio de la gasolina en los próximos días. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que las alzas continuarán hasta que el galón del combustible alcance los 15.500 pesos. Según el funcionario, Colombia aún tiene una gasolina muy barata en comparación con otros países.

Por otro lado, el equipo de Gustavo Petro ha tomado la decisión de eliminar la medida que congelaba las tarifas de algunos peajes importantes en el país, adoptada a comienzos de año. Esta medida buscaba favorecer a la mayor parte de la población que utiliza las carreteras.

El ministro de Transporte, William Camargo, confirmó que el cobro aumentará debido a que los 500.000 millones de pesos asignados para la adición presupuestal no fueron suficientes. Aunque aún no hay fecha definida, se prevé restablecer las tarifas de los peajes a condiciones normales en los próximos meses, a medida que mejoren los indicadores económicos del país.

Tarifas de energía y el fenómeno del niño

Con la confirmación de que el Fenómeno del Niño es inminente (prevalencia de tiempo seco) se generaron varios temores en el país: por un lado, la posibilidad de un desabastecimiento del servicio de energía y, por otra parte, un eventual aumento en las tarifas.

Frente a lo primero, el viceministro de Energía (e), Cristian Díaz, dijo que “no hay riesgo de desabastecimiento”. El funcionario aseguró que “el sistema está preparado para enfrentar, incluso, un escenario de contingencia, es decir, bajas condiciones hidrológicas”.

Sin embargo, lo que sí advirtió Díaz, quien participó en el Congreso de Andesco, es que es posible que se presente un aumento en las tarifas para los colombianos.

“Puede que se vea un incremento porque la tarifa tiene un componente de generación, y la generación tiene dos subcomponentes (contratos y bolsa) y dado que los proyectos de generación no han entrado, en los últimos años, no tenemos suficiente energía para contratos”.

Es decir que muchas empresas tendrían que contratar su energía, a través de la bolsa, donde el precio tiene mayor volatilidad.

Precisamente, durante el mes mayo de 2023, el precio promedio de bolsa fue de $575.95 kilovatio/hora, es decir que aumentó 148% con respecto al precio promedio del mes anterior, que fue de $231.45 kilovatio/hora.

Preocupaciones del sector

La presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo, dijo que existe una preocupación por contar con la energía suficiente para dar la confiabilidad a todos los usuarios, en el mediano plazo, es decir, un horizonte de 4 a 5 años.

“Esta preocupación viene de cruzar la información que se puede consultar de las proyecciones de demanda de la Upme y de la oferta en firme de XM, encontrando un déficit desde diciembre de 2027 y un margen menor al 5% desde el 2026″, comentó la ejecutiva a El País.

Agregó que si bien hoy existe un proceso de subasta de confiabilidad en marcha (nuevos proyectos), puede ser tarde, pues el desarrollo de estos toma más de 4 años para iniciar operación, contando el proceso de licencia y construcción, llegando en algunos casos hasta los 8 años.

“Por lo anterior es que se requiere un trabajo coordinado entre las diferentes entidades del gobierno nacional y local, pasando por los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental, llegando hasta la gestión de relacionamiento con las comunidades durante la construcción”.

Para Natalia Gutiérrez, si a esto se le suma la incertidumbre que genera sobre los inversionistas las reformas al sector eléctrico que se quieren tramitar en el Congreso, “tenemos un coctel de preocupaciones que dificulta no solo el desarrollo, sino tomar decisiones para invertir en este sector”.