Empezó la puja por el presupuesto general de la Nación del 2026; ya hay controversia entre Gobierno y Congreso

En medio de cuestionamientos por las presiones fiscales que tiene el país, inició el debate al proyecto de Presupuesto General de la Nación, PGN, para 2026. Este se fijó en $556,9 billones, monto que para muchos está desfinanciado.

De hecho, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que el PGN 2026 presentado “expande el gasto sin respaldo en ingresos estructurales, contradice el plan de ajuste de la regla fiscal y traslada al próximo gobierno la mayor parte del esfuerzo de consolidación”.

Agregaron desde ese grupo de estudio que la coyuntura actual exige que las cuentas para 2026 envíen señales claras de consolidación fiscal, “tal como prometió el Gobierno al activar la cláusula de escape de la Regla Fiscal. Sin embargo, el PGN 2026 presenta diferencias sustanciales frente al plan de ajuste divulgado en junio. El gasto proyectado es $18,2 billones mayor al previsto, la meta de recaudo por reforma tributaria aumenta en $6,7 billones y el pago de intereses se reduce en $10 billones sin sustento claro”.

Jaime Ahcar, director del programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, sostuvo que “si se frenan los gastos en sectores no prioritarios y se recupera el recaudo, gracias al mayor crecimiento de la economía, se podría llevar el déficit fiscal en 2026 por debajo del 7 %, lo cual sería una excelente noticia para la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, el Gobierno debe hacer un esfuerzo por iniciar el ajuste fiscal en 2026 y no posponerlo para 2027”.

En su presentación, en el Congreso, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, recordó que el Gobierno promoverá una reforma tributaria o ley de financiamiento que buscará recaudar $26,3 billones para garantizar ese presupuesto del 2026.

Explicó que con dicha reforma, el Estado busca ajustar el IVA en los productos más consumidos por las personas de mayores ingresos, “incrementar la progresividad de los impuestos sobre renta y patrimonio, gravar el tabaco y el alcohol, así como generar nuevas dinámicas para los tributos al carbono y al consumo”.

Argumentó Ávila, igualmente, que el Gobierno tiene muchos gastos inflexibles que hacen imposible hacer mayores recortes como lo piden muchos.

Sobre la ley de financiamiento, Henry Amorocho, docente de Economía y especialista en Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, señaló que el Ministro habla de una revisión del gravamen del IVA para sectores que denomina como ricos, pero “aún no define lo que son los estratos que se consideran como ricos”.

“Lo dicho por el Ministro, no tiene mucha diferencia con otros proyectos de ley de financiamiento que han presentado en el pasado. Lo cierto es que el presupuesto está desfinanciado y hay plazo hasta el 15 de septiembre para presentar el proyecto que garantice esos $26 billones adicionales”, explicó.

Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a junio de 2025 el recaudo de impuestos acumulado fue de $148,8 billones, 9,8 % por encima del recaudo del mismo periodo de 2024. “Esta cifra representa un cumplimiento del 47,8 % de la meta del recaudo bruto de la Dian”.

La voz del Emisor

Para Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, el PGN para 2026 supone un aumento del 5,9 % ($31,1 billones) frente a la apropiación vigente para 2025. “El proyecto de presupuesto responde a las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual contempla la activación de la cláusula de escape prevista para la regla fiscal, que se traducirá en déficit más elevados y mayores niveles de deuda entre 2025 y 2027”, señaló.

Agregó que el presupuesto de 2026 debería marcar el inicio de una senda de ajuste que asegure la sostenibilidad de la deuda pública. “Es necesario avanzar en una reforma fiscal integral y en un proceso técnico orientado a la revisión del gasto inflexible o inercial del Gobierno”, dijo.

“Es necesario avanzar en una reforma fiscal integral y en un proceso técnico orientado a la revisión del gasto inflexible o inercial del Gobierno, al igual que en la definición precisa de las competencias de cada uno de los niveles de gobierno para evitar duplicidad de funciones”, subrayó Villar.