Universidades públicas están en riesgo; Contraloría advierte crisis financiera, preocupa Univalle

La Contraloría advirtió este miércoles que las principales universidades públicas del país enfrentan una crítica situación financiera que compromete su sostenibilidad.

La entidad encontró deudas pensionales por $8,3 billones, retrasos en los giros de la política de gratuidad y falta de recursos para cubrir aumentos salariales.

Según el informe, con corte a diciembre de 2024, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia acumulan un pasivo pensional conjunto de $8,3 billones. La mayor carga corresponde a la Universidad Nacional con $4,5 billones.

La Contraloría explicó que estos montos se han determinado con cálculos actuariales que en algunos casos están desactualizados, lo que genera riesgos en la planeación presupuestal.

Además, urgió al Gobierno a girar oportunamente los recursos de concurrencia para atender estas obligaciones, ya que algunas universidades no cuentan con ingresos suficientes para cubrir su parte del convenio. La Universidad del Valle, por ejemplo, debe asumir el 19,9 % del pago, lo que ha dificultado su cumplimiento.

Otro problema estructural identificado es el crecimiento sostenido de los costos salariales derivados del régimen establecido en el decreto 1279 de 2002. Este permite a los docentes acumular puntos por productividad académica, lo que incrementa significativamente los gastos anuales. La Universidad de Antioquia reconoció en 2017 un valor de puntos por $10.364 millones, cifra que en 2024 ascendió a $18.239 millones, un aumento del 76 %.

La Contraloría señaló que la Nación no ha destinado recursos específicos para estos incrementos. Aunque algunas transferencias adicionales se han realizado, la mayoría tienen destinación específica, como los planes de cobertura.

Respecto a la política de gratuidad, reglamentada mediante el decreto 2271 de 2023, el informe indicó que las universidades no reciben el 100 % de los ingresos por matrícula al inicio del semestre.

Actualmente, el primer giro del 80 % se realiza una vez iniciado el calendario académico y el 20 % restante solo después de la validación de datos por parte del Ministerio de Educación. En 2024, estos giros se vieron afectados por la disponibilidad presupuestal y trámites administrativos.

El estudio también alertó sobre el impacto del decreto 391 de 2025, que establece la formalización laboral en las instituciones públicas de educación superior. Según cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), se requerirían $2,9 billones adicionales en la base presupuestal para implementarlo. Sin embargo, este decreto no tiene una fuente de financiación definida por parte del Gobierno.

La Contraloría también expuso el rezago en inversiones de infraestructura. En el caso de la Universidad Nacional, existen proyectos por $1,4 billones en infraestructura física y tecnológica que aún no cuentan con respaldo financiero.

El ente concluyó que mientras el Congreso define la reforma al esquema de financiación de la Ley 30 de 1992, es indispensable que los recursos nacionales se giren con oportunidad.

Además, subrayó que estos fondos deberían ser crecientes y considerar las características particulares de cada universidad, para contrarrestar el desfinanciamiento histórico que afecta su funcionamiento.