Un hombre se ha dedicado a interponer numerosas demandas en varias zonas de Colombia, esta es la historia

Un hombre se ha dedicado a interponer acciones populares en diferentes lugares del país. Se trata de Gerardo Alonso Herrera Hoyos, quien es nombrado a diestra y siniestra en los estrados judiciales y las audiencias virtuales de los juzgados.

Entre los reclamos realizados por Herrera Hoyos ante la justicia se encuentran los supuestos incumplimientos legales por parte de restaurantes, entidades financieras, almacenes caficultores, supermercados y farmacias.

La larga lista de reclamaciones se encuentran en Supía, Salamina y La Victoria, en el departamento de Caldas. En total son 67 acciones populares interpuestas.

Ulloa, Buga, Buenaventura y Cartago, en el Valle; al igual que en Risaralda, se han interpuesto 239.

Antioquia es otro de los departamentos donde ha interpuesto acciones populares. Las demandas se encuentran en los juzgados de Girardota, Santa Rosa de Osos, Concordia, Tarso, Támesis, Puerto Berrío, Caldas, Apartadó, Santa Fe de Antioquia, Betulia, Carepa, Caramanta y Jericó.

Una de estas demandas fue contra el cementerio de Jericó por no tener una sala de necropsias o igualmente autopsias, para el servicio de la comunidad.

SEMANA dio a conocer el caso del comerciante Saulo Agudelo, propietario de la Guarnielería Agudelo, en Jericó.

“Se dice que ese tipo ha interpuesto acciones populares en Andes, Tarso, Jericó. A mí no me han notificado, lo único que me dijo una comerciante que está muy enterada es que me tienen demandado porque no tengo acceso para discapacitados”, le indicó un comerciante a dicho medio.

Situación que también presentan otros comerciantes demandados, quienes tampoco tienen acceso para discapacitados, por lo cual proyectan hacer una reunión para planear qué hacer frente a la ola de demandas.

“Este es un pueblo patrimonial y si ni siquiera nos permiten cambiar la pintura de las fachadas, ahora nos van a permitir cambiar la arquitectura”, indicó.

Ahora bien, algo que llama la atención es que en Jericó, nadie ha visto al demandante.

Según la investigación del medio de comunicación, en la demanda contra el cementerio por no contar con una sala de autopsias, ni siquiera puso un teléfono o una dirección para ser notificado. Tan solo reposa un correo electrónico a nombre de Litigantes Asociados.

“Pensamos que el tipo lo único que busca es que le otorguen el pago de las costas de los procesos, que es como un milloncito de pesos”, concluyó uno de los comerciantes.

Según explicó Marta Lía Herrera Gaviria, representante de cerca de 60 mil funcionarios ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, a ningún colombiano se le puede prohibir que haga uso de las acciones constitucionales previstas para la defensa de los derechos.

“Tampoco podemos esperar que una acción popular se convierta en un mecanismo más para buscar un negocio o un provecho económico, que para defender los derechos de las personas”, dijo.

Además, este tipo de demandas, llevan a que los jueces tengan una sobrecarga laboral.