Siete años después del fallo, Santurbán sigue sin delimitarse; estas son las afectaciones que hoy existen

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron al Tribunal Administrativo de Santander que, siete años después del fallo de la Corte Constitucional, el páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín sigue sin delimitarse conforme a lo ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 y denunciaron nuevos incumplimientos del Ministerio de Ambiente entre enero y abril de 2025.

En el Vigésimo Segundo Informe de Seguimiento, las entidades señalaron que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible omitió, por tercera vez consecutiva, el envío del informe cuatrimestral requerido, impidiendo el control judicial y restringiendo el acceso ciudadano a la información sobre el proceso de delimitación del páramo.

El documento también concluyó que no existe aún un acto administrativo de delimitación del ecosistema, lo que ha intensificado la crisis social y ambiental en la zona, con presencia creciente de minería ilegal, aumento de la informalidad laboral y debilitamiento del tejido comunitario en municipios de Santander y Norte de Santander.

Las entidades precisaron que de las siete mesas de trabajo planeadas para garantizar la participación ciudadana, solo se ha realizado una, en el municipio de Bochalema. Las comunidades de otros 13 municipios no fueron incluidas en estos espacios.

También se indicó que las estrategias de divulgación del proceso han sido insuficientes, especialmente en áreas rurales con baja conectividad.

Esto, señalaron, representa un incumplimiento del Acuerdo de Escazú, que protege el acceso a la información y la participación en asuntos ambientales.

El informe, según Colprensa, expresó preocupación por la expedición de la Resolución 221 de 2025, tramitada en 97 días por la cartera de ambiente, sin asegurar la participación efectiva de las comunidades.

La medida, indicaro, ignoró más de 8.000 firmas de oposición y no garantiza los derechos ambientales reconocidos por la Corte. Asimismo, subrayaron que dicha resolución no sustituye el acto de delimitación ordenado judicialmente.

Ante estos hechos, la Procuraduría y la Defensoría solicitaron al Tribunal rechazar nuevas prórrogas al proceso, suspender la aplicación de la Resolución 221 y evaluar sanciones por posible desacato contra el Ministerio.

También pidieron exigir el reinicio del proceso de delimitación con participación efectiva, garantías de debido proceso ambiental y cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Finalmente, reiteraron que ningún otro instrumento de gestión ambiental puede avanzar sin que se haya delimitado previamente el páramo, como lo ordenó la Corte Constitucional.