Reclusa pide ayuda a Minjusticia luego de denunciar un presunto abuso sexual por parte de guardias del Inpec

Andrea Valdés Contreras, es una reclusa que mientras estaba en la cárcel El Pedregal, en Medellín, denunció haber sido abusada sexualmente por guardias del Inpec, que le ocasionaron un embarazo que lleva desde la prisión, razón por la que solicitó ayuda a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para que le otorgue medida de aseguramiento por prisión domiciliaria para no seguir bajo custodia del instituto penitenciario.

En ese sentido, la oficina de abogados Alzate Hernández, representantes legales de la mujer, envió una cara a la jefa de la cartera en la que solicitaba “se ordene el traslado inmediato y prioritario de la señora Valdés Contreras a un sitio de reclusión especial donde no esté bajo la custodia del Inpec, dado que su actual condición y los hechos que ha tenido que vivir la exponen a un alto grado de revictimización y atentan contra sus derechos fundamentales a la vida, integridad, salud y seguridad personal”.

En la carta también se le pide que apoye la solicitud de prisión domiciliaria que fue remitida el pasado 4 de marzo al Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá, para que ella y su bebé puedan estar seguros.

Además, señala que la ministra Buitrago estuvo en la cárcel El Buen Pastor, donde escuchó en persona la versión de la presunta víctima, conociendo los riesgos que representaba su permanencia en ese centro de reclusión, al que fue trasladada luego de haber señalado a guardias del Inpec como sus agresores, quienes están siendo investigados por la Fiscalía y la Procuraduría.

“Mi representada no solo ha tenido que padecer aparentes agresiones sexuales, actos de tortura y discriminación, sino que, después de esto, han buscado la forma de atentar contra su vida e integridad personal, la de su bebé, incluso, ha recibido distintas amenazas y ofensas, tendientes a ocultar lo sucedido”, señaló Felipe Alzate, abogado de Valdés.

También comenta en la carta a la ministra que además de que Andrea fue agredida sexualmente por guardias del Inpec, debe continuar bajo custodia de personas de esa misma institución que vulneró sus derechos y se aprovechó de su condición como reclusa.

Añade que “trasladar o dejar a mi representada bajo la vigilancia y el control de la cárcel La Penitenciaría con Alta y Media Seguridad para Mujeres El Buen Pastor, o en su defecto, bajo alguna otra dirigida directamente por miembros del Inpec, no solo representa un riesgo real e inminente sobre su vida, integridad y seguridad”.