Procuraduría solicitó informe detallado al Ministro de Defensa por violencia contra la Fuerza Pública

La Procuraduría General de la Nación pidió explicaciones al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la ola de violencia que enfrenta la Fuerza Pública en diferentes regiones del país y por el alcance del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, con el que se ordenó suspender acciones militares y policiales contra algunos grupos armados organizados.

La entidad solicitó al alto funcionario informar si el cese de operaciones afecta la protección de la vida e integridad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil.

También pidió aclarar si las instrucciones impartidas en el decreto excluyen la posibilidad de actuar en caso de que estos grupos atenten contra la ciudadanía o los uniformados.

El requerimiento surgió después de los recientes hechos de violencia contra policías y militares en varias regiones, algunos de los cuales fueron atribuidos a retaliaciones conocidas como “plan pistola” por parte de grupos ilegales.

El oficio enviado por el procurador delegado, Samuel Arrieta, sostiene que “las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y podrían incidir negativamente en la confianza pública respecto del mantenimiento del orden público y la convivencia pacífica”.

Por lo anterior, el Ministerio Público destacó que resulta necesario “precisar las órdenes dadas a las unidades militares y policiales respecto a su deber constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad”.

Así las cosas, la Procuraduría solicitó remitir un documento detallado que contenga un informe oficial sobre los hechos mencionados en medios de comunicación y comunicados de prensa, relacionados con el denominado “plan pistola”, describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En ese sentido, pidió detallar qué criterios técnicos, jurídicos e institucionales prevé implementar o aplicar el Gobierno Nacional para fortalecer la protección de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, particularmente en zonas de alta afectación al orden público.

De acuerdo con el documento emitido por la entidad, esta información solicitada al Ministro de Defensa debe ser remitida en un término no superior a tres días hábiles contados a partir de este momento.

Lo anterior, “en ejercicio de la función preventiva de este ente de control, orientada a anticipar decisiones que puedan comprometer la legalidad de la actuación administrativa, el interés general y la garantía de los derechos fundamentales en el marco del servicio público de seguridad y defensa nacional”, concluyó el oficio del Ministerio Público.

*Redacción de El País y de Colprensa.