Presidente Petro respondió a críticas sobre la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz: “No es un beneficio jurídico”

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas sobre la reciente designación de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, aclarando que esta decisión no otorga beneficios jurídicos a los designados.

El pronunciamiento de Petro se dio después de las declaraciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien cuestionó la medida al señalar que algunos de los designados son responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, además de haber sido excluidos del proceso de Justicia y Paz por reincidir en actividades delictivas.

“Cuando decidimos escoger gestor de paz, para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la Corte Constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición, no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico”, afirmó el mandatario a través de su cuenta en X (antiguo Twitter).

El jefe de Estado destacó que la iniciativa no otorga privilegios legales, sino que busca dar una “condición” a aquellos que fueron determinantes en el paramilitarismo para ayudar a concluir el proceso de paz.

“En esto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas es fundamental, dado que en el proceso institucional, se perdieron muchos inmuebles, y aún faltan espacios de verdad”, añadió.

Petro insistió en que la figura de “gestor de paz” no implica una reducción de penas o beneficios judiciales. ”No es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel”, aclaró.

“Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas y a las garantías de no repetición”, agregó el primer mandatario de la Nación.

¿Qué dijo la Defensora del Pueblo?

En horas más tempranas de este viernes, Iris Marín expresó que su preocupación al respecto se centra en el hecho de que algunas de esas personas se acogieron a la Ley de Justicia y Paz luego de desmovilizarse, pero continuaron delinquiendo y hasta fueron expulsados de esa jurisdicción por incumplimientos.

“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, cuestionó la jefe del Ministerio Público.

La funcionaria dijo que para evitar problemas sería conveniente que la gestoría se desarrollara con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, y estas deben incluir un compromiso claro con la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas.

Pese a que el presidente Gustavo Petro la ternó para el ente de control, este pronunciamiento de la Defensora del Pueblo para muchos significa que hay una autonomía entre el organismo y el Gobierno Nacional.

*Con información de Colprensa y redacción de El País