Paro armado del ELN en el Chocó afecta a más de 32.000 personas, según Defensoría del Pueblo

Desde el mediodía del viernes, 2 de mayo y por al menos 72 horas, el departamento del Chocó se encuentra bajo un nuevo paro armado decretado por el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La medida, según informó el grupo armado mediante un comunicado, tiene como objetivo evitar que la población civil se vea atrapada en los enfrentamientos que sostienen con una estructura paramilitar identificada como una facción del Clan del Golfo.

Cabe destacar, que este paro armado representa el segundo en lo que va del año en esta región, lo que ha generado una nueva ola de temor e incertidumbre entre las comunidades chocoanas.

Y es que según datos actualizados de la Defensoría del Pueblo, al menos 32.000 personas de 153 comunidades ubicadas en las márgenes del río Baudó y sus afluentes están siendo directamente afectadas por las restricciones impuestas por el grupo insurgente.

Afectaciones del paro armado

Ante esto, la secretaria del Interior del departamento del Chocó, Jenny Rivas, expresó su preocupación por el impacto humanitario que esta medida está teniendo sobre la población civil.

“Estas cifras son alarmantes porque es un número grande de población que tendríamos en medio de un conflicto donde ellos no tienen absolutamente nada que ver”, expresó.

También lamentó que estas situaciones se repitan con frecuencia en la región, dejando a miles de personas en estado de confinamiento, sin posibilidad de movilizarse o acceder a servicios básicos como salud, educación y alimentos.

Por su parte, el ELN ha justificado su decisión argumentando que busca proteger a los civiles de quedar atrapados en la confrontación armada con la estructura paramilitar liderada por un hombre conocido como alias ‘Piernas Limpias’, la cual estaría integrada por más de 400 combatientes.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que actúen de forma inmediata.

Pues a través de una publicación en sus redes sociales, instaron a una “coordinación interinstitucional efectiva” que permita implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad y protección de la población civil.

“Se hace necesaria una efectiva coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de acciones urgentes de los gobiernos nacional, departamental y local, para que sea atendida y protegida la población civil en riesgo”, afirmaron.

Y es que, según datos ofrecidos por la Secretaría del Interior, las acciones armadas ilegales de este año en Chocó ya habrían afectado directa o indirectamente a cerca de 100.000 personas.

Ante este alarmante panorama, la Gobernación del Chocó anunció el aumento riguroso de la Fuerza Pública para establecer presencia militar en la subregión del Baudó.