Mindefensa habla de la cooperación internacional con llegada de militares de EE.UU.

Hace unos días llegó al país una misión de cooperación militar de Estados Unidos conformada por 53 miembros de su Ejército, para asesorar por cerca de cuatro meses a nuestras Fuerzas Militares en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico. Asesorarán a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Vulcano (Norte de Santander), Hércules (Nariño) y Omega (Meta), así como de la Brigada Contra el Narcotráfico.

Los ejércitos de los dos países tienen toda una historia de cooperación mutua. Son muchas décadas en las que se ha contado con su asesoría técnica y consultiva en la lucha contra el crimen.

El personal militar de Estados Unidos no realizará operaciones en terreno. Irá a guarniciones militares de zonas priorizadas por el Gobierno colombiano por las dinámicas de narcotráfico.

Todas las operaciones contra este flagelo y los factores de inestabilidad en los territorios son desarrolladas única y exclusivamente por las tropas colombianas. Ese es nuestro deber y nuestra obligación indelegable.

La lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas es, en todo caso, una responsabilidad compartida, y por eso para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas en ese propósito, como una herramienta eficaz contra el crimen global.

Que no se nos olvide que estamos enfrentados, como país, a una herencia maldita de más de 200 mil hectáreas de coca. Y contra organizaciones trasnacionales que manejan ese negocio mortal.

Es equivocado, o a lo mejor tenga algún interés político, sugerir que con la presencia de esta misión de cooperación técnica militar se configura un tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano. No es cierto.
Se trata de una misión cuya labor tiene todo el soporte jurídico en acuerdos de naturaleza multilateral, binacional y en la Política de Defensa y Seguridad del presidente Iván Duque. Y, naturalmente, en los mandatos que derivan de la Constitución de 1991.

El Gobierno es respetuoso de las funciones y facultades de las diferentes ramas del poder público y actúa de acuerdo con sus competencias. Y en este caso está acorde con el derecho.

Estamos listos a dar las explicaciones al Congreso, que está en su legítimo derecho de pedirlas, en cumplimiento de su labor fundamental de ejercer control político al Gobierno.

Pero también debe quedar claro que el enemigo real, que se cierne como una amenaza sobre nuestra sociedad y democracia, es el narcotráfico.

Que se preocupen los criminales, las estructuras del delito dedicadas al sucio negocio de las drogas, porque todo este esfuerzo que hacemos es para conseguir más efectividad en la lucha sin cuartel contra ellos.

Por ninguna razón vamos a bajar la guardia. Y nos sentimos orgullosos de trabajar de la mano de nuestros aliados, que lo han sido por décadas. Nuestro enemigo es el delito.