Ella no quiere ser identificada con ningún nombre. Ni siquiera me da su número de teléfono para conversar: se comunica desde números aleatorios, siempre diferentes.

—Después del infierno que viví, tengo mucho miedo y no confío en nadie. Ni siquiera salgo de mi casa —dice, mientras se oye un perro ladrar al fondo.

Es una de las 42 mujeres caleñas que, en 2024, fueron rescatadas por la Policía española de una red de trata de personas con base en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares.

—Caí en esa red a través de Facebook. Vi una oferta laboral que me pareció muy atractiva: trabajar como mesera por 3.000 euros al mes. En ese momento tenía muchas necesidades; soy madre de un niño de cinco años. Les escribí por mensaje interno para decirles que estaba interesada. Uno peca por confiar en las personas.

Tiene 24 años. Su sueño es terminar el colegio e ingresar a la universidad para estudiar Trabajo Social. Está convencida de que, después de lo que vivió en España, podría ayudar a otras víctimas de trata. Por ahora, continúa con terapia psicológica, acompañada por la Personería de Cali.

—Cuando escribí por la supuesta oferta laboral en Facebook, no fueron muy insistentes. Me dijeron que solo tenía que decidir si viajaba a Palma de Mallorca, y el trabajo sería mío. Me enviaban los pasajes. Mi mamá no estaba convencida, pero tomé la decisión viendo tantas necesidades económicas en mi familia.

Para ingresar a España, los colombianos no necesitan Visa. A ella solo le bastó el pasaporte. Durante las dos primeras semanas todo pareció normal: trabajó como mesera en restaurantes informales, puestos callejeros de comida rápida y locales de sushi cerca al mar Mediterráneo.

Sus únicos contactos eran dos mujeres y un hombre; los únicos rostros que vio en esos primeros días. Después, todos tenían capucha. De los 3.000 euros que le habían prometido, solo le pagaron el 10 %: 300 euros.

— Era jueves cuando todo cambió. De regreso al lugar donde nos hospedábamos varias extranjeras, unos hombres encapuchados nos dijeron lo que realmente querían que hiciéramos: prostituirnos. Aseguraron que debíamos usar cierta ropa, entregar el celular y el pasaporte, y estar listas al día siguiente, a las cuatro de la tarde, porque nos iban a trasladar. No lo podía creer. Dije: “Dios mío, ¿qué es esto?” Fueron muy violentos, gritaban. Me resistí a entregar el celular porque necesitaba estar en contacto con mi hijo. Me golpearon.

En este punto se le quiebra la voz; la escucho llorar.

—Al día siguiente me obligaron a ponerme un top diminuto, una falda muy corta, una tanga y unos tacones. Nos llevaron a otro lugar con los ojos vendados. Cuando llegamos a una casa con varios cuartos, nos dijeron que debíamos atender a los hombres que llegaran. Me opuse. Les dije que no había venido a eso, que no era prostituta; me golpearon hasta fracturarme una costilla. Me dijeron que pensara en mi hijo, que seguramente no quería que le pasara nada. Tenían la dirección de mi casa en Cali, sabían los lugares que frecuentaba. Me llené de miedo.

En esa casa estaba con dos mujeres más de Cali y una adolescente de Medellín. Ni siquiera les proporcionaban preservativos. Hasta que llegó la Policía española. Ella dice que fue un milagro.

—Ese día fue muy raro. Estábamos alistándonos para una noche más en ese infierno cuando llegó la Policía. Nos dijeron que, aunque entendían que era difícil confiar después de lo que habíamos vivido, estábamos a salvo. Que harían los trámites para repatriarme, aunque mi pasaporte había quedado en manos de la red de trata. Yo solo les pedía que me dejaran hablar con mi hijo; necesitaba saber que él estaba bien. Y así fue.

Desde que regresó a Cali, ha contado con el apoyo de la Personería. Ahora vive en una nueva casa. Mudarse fue una medida de protección para su familia. Aunque en su caso todo el contacto inicial lo hizo por redes, en Cali las bandas de trata de personas tienen reclutadores, los enlaces con el exterior.

—Lo que yo viví no se lo deseo a nadie. Ustedes, los medios de comunicación, son los que pueden advertir sobre lo que está pasando. Díganles a las jóvenes que buscan empleo que no confíen tan fácilmente en las ofertas laborales que aparecen en redes sociales desde el exterior. Detrás de esas propuestas con sueldos generosos hay engaños de gente mala que te arranca de tu familia. Mi mamá estaba devastada cuando perdió contacto conmigo. Alcanzó a poner dos denuncias.

Cali es una de las ciudades con mayor número de víctimas de trata de personas, uno de los delitos más lucrativos después del narcotráfico y el tráfico de armas. Sin embargo, la Policía Metropolitana no cuenta con ningún grupo especializado para perseguir a los responsables, entre los que figuran bandas como El Tren de Aragua, según un informe de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. “Todo se maneja a través de la Fiscalía y la Dijín, en Bogotá”, explicaron desde el área de comunicaciones de la Policía.

La entidad que lidera el tema es la Personería, que estableció una Mesa Binacional para prevenir el delito de trata de personas entre Cali y Palma de Mallorca.

— Uno de los principales focos de trata de mujeres, especialmente colombianas, es España, sobre todo Palma de Mallorca por su condición de destino turístico internacional. De ahí que intercambié ideas con la Defensora del Pueblo de esa ciudad y constituimos una mesa binacional para trazar estrategias que prevengan la trata y los vejámenes a los que están siendo sometidas las mujeres. Esperamos que en esa mesa participen la Interpol, la Personería, la Policía colombiana y la española, y que podamos mostrar resultados concretos contra este delito —dice el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón.

La conexión Tepito

Javier Garduño es uno de los periodistas mexicanos que más ha investigado la conexión entre Ciudad de México y Colombia —especialmente Cali— en casos de trata de personas.

Todo comenzó, cuenta, cuando la Fiscalía de Ciudad de México determinó, hace algunos años, que el grupo delincuencial conocido como la Unión Tepito —uno de los más temidos— era responsable de engañar a mujeres colombianas, trasladarlas a México, ofrecerles hospedaje, alimentación y empleo temporal en restaurantes y bares, para luego quitarles el celular, el pasaporte y forzarlas a prostituirse.

Tepito, en Ciudad de México, es considerado uno de los barrios más peligrosos.

— Estas chicas eran anunciadas en un portal llamado Zona Divas. El sitio fue descubierto cuando algunas de ellas comenzaron a aparecer muertas. En esa primera investigación, las autoridades encontraron fotos de las mujeres junto a miembros de la Unión Tepito, y así se evidenció la conexión del grupo con la red de trata —explica Javier.

Aunque varios integrantes de la Unión Tepito fueron encarcelados, la banda sigue activa, al igual que su modus operandi. Actualmente, las autoridades investigan un nuevo portal llamado La Boutique VIP, dedicado a “escorts y modelos acompañantes en México”. En ese sitio apareció la foto de una colombiana que hoy figura como desaparecida: María Camila Díaz Grajales.

— El mismo día en que se publicó su ficha de búsqueda en Colombia, sus fotos fueron eliminadas del portal. María Camila desapareció del departamento donde vivía con otras dos jóvenes, una argentina y otra colombiana. Supuestamente salió a trabajar; tomó un Uber hacia un hotel turístico de lujo, en el sur de Ciudad de México, y desde entonces no se sabe nada más de ella —agrega Javier.

Cristina Díaz Grajales, hermana de María Camila, cuenta que ha pasado tanto tiempo que seguir la pista de la última vez que fue vista ya no parece tener sentido. El camino, dice, es desmantelar la red de trata de personas que hay detrás para poder encontrarla.

— No sé por qué mi hermana aceptó esa propuesta de viajar a Ciudad de México a trabajar como mesera. Le insistí en que no lo hiciera. Pero la desinformación influye mucho; los jóvenes no conocen el contexto de lo que está ocurriendo. Además, con el ímpetu de la juventud dicen: “no me va a pasar nada”. Después de investigar cómo funciona este delito, entendí que buscan jóvenes vulnerables, sin red de apoyo. Nosotras no tenemos padres. María Camila vivía sola. Una joven de 24 años, estudiante universitaria, que trabaja para pagar su carrera —yo la ayudaba con parte del semestre— era fácil de engañar. Pensaron que no tenía quién la buscara. Yo hablé con el reclutador en Medellín, el que las envía a México, y en las primeras llamadas que me hizo me dijo: “¿Usted quién es, si María Camila no tenía familia?” —relata Cristina.

 El reclutador envía entre ocho y diez mujeres colombianas cada mes a Ciudad de México. Una de las razones para que pueda lograrlo es la presunta complicidad de autoridades colombianas.

 La Embajada de Estados Unidos lo advirtió en un informe: “La corrupción y la complicidad oficial en delitos de trata continuaron siendo motivo de gran preocupación. En 2023, un oficial activo y dos exoficiales de policía de Medellín fueron detenidos por su presunta implicación en una red de trata que enviaba mujeres de Medellín a varias ciudades de Francia”, dice.

— Este delito genera tanto dinero, que me pregunto si las autoridades —en México y en Colombia— están permeadas. Porque no le encuentro lógica a que una familiar entregue datos específicos de quienes podrían estar detrás y que, aun así, no actúen. Es increíble cómo se ha invisibilizado un delito de lesa humanidad. Si tú no haces nada, nadie va a buscar a tu familiar. Y cuando te encuentras con otras familias que llevan años buscando solas, te das cuenta de que el propio gobierno se burla de ellas y encubre todo, como ocurrió con el Rancho Izaguirre, en México —añade Cristina.

El Rancho Izaguirre, en Jalisco, funcionaba como centro clandestino de desaparición de personas a manos de los carteles. Ante la inacción de las autoridades —o su desconcertante desinterés por seguir las pistas de las denuncias— fueron los colectivos de padres buscadores quienes lo descubrieron.

Mientras tanto, en Colombia, un proyecto busca actualizar la legislación contra la trata de personas. Su ponente, el senador Carlos Fernando Motoa, explica que la última normativa fue diseñada hace 20 años.

 Dicha ley creó un fondo para apoyar a las víctimas, pero el presupuesto en 2024 es irrisorio frente a la magnitud del problema: $136 millones.

— Nos preocupa que además de las decenas de casos denunciados, hay un subregistro de víctimas de trata muy alto - advierte el senador Motoa.