Las promesas del acuerdo de paz que siguen sin cumplirse, ocho años después de la firma

Por Dido Polo Monterrosa /Colprensa

“Hay víctimas que se están muriendo sin la indemnización”, “la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está cometiendo errores” y “la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) está trabajando con las uñas,” son algunas de las conclusiones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, a ocho años de su firma con las extintas FARC, un análisis que concluye que los rezagos en esta materia superan ampliamente a los avances.

Así lo aseguró a Colprensa Carolina Valera Rico, coordinadora de ‘Del Capitolio al Territorio’ de la FIP, quien subraya que uno de los principales obstáculos es el enorme reto de atención a las víctimas del conflicto armado, un tema aún pendiente de solución en un país que lidera el récord mundial de víctimas registradas.

El contexto, recalcó Valera, incluye no solo los casi 10 millones de víctimas, sino también la dificultad de implementar la Ley 1448 de 2011 en un escenario de violencia persistente, con grupos armados y desafíos institucionales y presupuestales considerables.

Según ella, “el solo reconocimiento del conflicto armado en la Ley de Víctimas es un avance significativo, pero aún estamos lejos de cumplir las expectativas generadas”.

Aunque se han logrado ciertos avances, como la creación de una instancia de evaluación para financiar la implementación de la Ley de Víctimas, Valera señala que aún falta una mayor articulación de proyectos y objetivos comunes entre las entidades responsables.

Las víctimas mueren sin su indemnización

Aunque el Gobierno busca indemnizar a 600.000 víctimas en cuatro años, una cifra histórica en comparación con años anteriores, el ritmo de reparación continúa siendo insuficiente para atender las necesidades de más de siete millones de víctimas registradas, ya que este avance apenas reduce el tiempo estimado para completar el proceso de indemnización a 50 años.

A su juicio, “las víctimas no pueden ser solo objeto de un proceso administrativo, de una indemnización que nunca será suficiente. Las víctimas deben ser protagonistas de su reparación en sus territorios, en sus comunidades, en su vida cotidiana”.

La insatisfacción entre las víctimas también ha sido evidente. Los criterios de priorización empleados, aunque necesarios, han dejado fuera a muchos afectados, lo que alimenta el descontento en comunidades que sienten que no fueron atendidas oportunamente.

“Hay víctimas que se están muriendo sin recibir la indemnización”, manifestó Valera, quien subrayó la urgencia de reconsiderar las estrategias actuales.

“¿De qué sirve indemnizar tantas víctimas si eso no cambia las condiciones de vulnerabilidad?”, preguntó, sugiriendo que se explore el uso de los recursos en medidas más transformadoras que vayan más allá de una indemnización económica.

Según el informe, a julio de 2024, el Registro Único de Víctimas (RUV) había registrado 9.758.045 víctimas, de las cuales 7.661.300 eran sujetos de atención. Sin embargo, apenas el 17,3% de las víctimas, es decir, 1.325.542 personas, han sido indemnizadas.

La IPBD trabaja con las uñas

Otro desafío señalado por Valera es el limitado progreso de la UBPD, que ha recuperado menos del 2% de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto.

A pesar de la magnitud de la tarea, que involucra la desaparición de más de 111.000 personas, la unidad enfrenta problemas graves de financiación y falta de recursos humanos y técnicos.

“Ellos están trabajando con las uñas”, sentenció Valera, quien explicó que, incluso cuando se asignan recursos, estos no son suficientes, como lo demuestra el recorte de $11.000 millones de pesos a la solicitud inicial de la UBPD para el año 2024.

Además, señaló que la UBPD tiene “cuellos de botella” importantes en su coordinación con otras entidades, como Medicina Legal y el ministerio de Defensa, lo que limita su capacidad de avanzar en la búsqueda de los desaparecidos.

A pesar de las dificultades, la coordinadora afirma que la tarea de la UBPD es un “compromiso ético” que el país no puede eludir.

La JEP comete errores

Finalmente, sobre la JEP, Valera destacó que la labor del tribunal de paz no puede limitarse a replicar métodos de la justicia penal tradicional, ya que esto retrasa el cierre del conflicto y podría perjudicar la credibilidad del sistema.

Asimismo, cuestionó la falta de avances en la definición de máximos responsables, indicando que esta situación dificulta el cumplimiento de su mandato como jurisdicción transicional.

La JEP está cometiendo errores y puede generar una animadversión mayor sobre la implementación del Acuerdo de Paz de la que ya existe”, aseguró la FIP, que sugirió que los magistrados “se han cerrado al debate” y deberían “escuchar las voces de diversos sectores que, además, son amigos del acuerdo”.

Uno de los desafíos identificados es la designación de máximos responsables. Según ella, en algunos casos se ha incluido a personas sin mando dentro de las estructuras organizacionales, lo que ha generado incertidumbre en el partido Comunes sobre los criterios aplicados.

Además, la coordinación entre la Fiscalía y la JEP sigue siendo un obstáculo, ya que la falta de entrega de información completa por parte de la primera ha ralentizado procesos clave.

Hasta el 30 de agosto de 2024, la JEP había acreditado 11.891 víctimas individuales y 507 sujetos colectivos. Además, había abierto 11 macrocasos y 14.346 personas habían suscrito actas de compromiso y sometimiento.

En cuanto a los procedimientos, al 30 de junio de 2024, la Secretaría Ejecutiva de la JEP había recibido 238 solicitudes de certificación y había certificado 195 TOAR (Términos de Acuerdo de Reparación) voluntarios y anticipados por parte de los comparecientes.

En cuanto a la reparación de las víctimas, Valera señaló que los avances aún son limitados. Considera que la verdadera reparación y las garantías de no repetición dependen de una implementación integral del Acuerdo de Paz, con énfasis en la presencia estatal en los territorios y la provisión de seguridad, justicia y servicios básicos.

A ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, persisten los retos. Aunque los primeros años de implementación mostraron avances como el desarme de más de 13.000 excombatientes y la creación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los rezagos superan los logros alcanzados.

La FIP recalcó que este es un momento crucial para reflexionar y redoblar esfuerzos en la implementación del acuerdo.