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La violencia se ensañó con el norte del Cauca y la guerra está sin control: ¿cuáles son las salidas?
En el Acuerdo de Paz con las Farc no entraron milicianos que permanecían en las cabeceras municipales, por lo que siguieron en el conflicto. En pandemia crecieron los cultivos ilícitos que, junto a la minería ilegal, financia el combustible de la guerra.
Por Anderson Zapata y Santiago Cruz Hoyos - Fotos Jorge Orozco
El comunicado lo firma la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin. “Prácticamente cada fin de semana ocurren oleadas de asesinatos en los distintos municipios de la región, manteniendo una constante zozobra”, se lee.
Enseguida, el documento enumera los reiterados hechos de violencia que han venido ocurriendo en el norte del Cauca desde los primeros días de este 2024. En El Tambo, hubo un doble homicidio. Dos jóvenes amarrados de manos fueron asesinados con tiros de gracia. En Corinto, pocas horas después, sucedió algo similar: mataron a un joven frente al cementerio del pueblo, y más tarde, a Daniela Díaz Collazos, de apenas 17 años, familiar del exconsejero mayor del Cric, Alfonso Díaz.
En Santander de Quilichao mataron a Alex Galeano, y en el corregimiento de Siberia, en Caldono, hubo dos homicidios más.
“Casi todos los días se reportan menores desaparecidos en los territorios indígenas que, en realidad, obedecen a reclutamientos de los grupos armados. Se dan intimidaciones a líderes sociales, como fue el caso del presidente de la JAC de la vereda Carbonero. Estos hechos son muestra de una situación de progresivo deterioro de la convivencia comunitaria y las posibilidades de construcción de paz”, añade la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
Un día después a la asonada contra los militares, el departamento fue noticia de nuevo, esta vez por el secuestro de Wilder Alberto Peña, de 17 años, hijo de un líder social indígena.
Las estadísticas de la violencia en la región confirman que en definitiva es una zona en guerra. Laura González, de la ONG Indepaz, asegura que desde la firma del acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016, “han sido asesinados 341 lideres de los cuales 201 pertenecían al Norte del Cauca”. ¿Por qué persiste la violencia en esta zona del país?
Rossana Mejía es líder de la organización afro Aconc, que traduce Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. En su concepto, hay dos razones de peso que explican el porqué la violencia se ensañó con el departamento.
Una de ellas es justo el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, “que no cerró del todo ese proceso de violencia que traía esta zona del país”.
— No se tuvieron en cuenta a muchas personas que hacían parte del conflicto. Por ejemplo, los milicianos que estaban en las cabeceras municipales. En ese entonces fue una de nuestras preocupaciones que como organización le presentamos al Gobierno, puesto que veíamos que había una gente de las Farc que no estaba en el monte, sino mezclada entre la sociedad civil, pero con ellos no veíamos si iba a darse el acogimiento al Acuerdo de Paz o no. Pero además en el monte quedaron reductos, personas que no han conocido otra forma de sustentarse distinta a como lo aprendieron a hacer en la guerra, y tal vez les asustaba estar del otro lado y prefirieron seguir en esa orilla – dice Rossana.
De otro lado, la ubicación geográfica del norte del Cauca es estratégica para los grupos armados ilegales que mueven droga y armas. La región no solo ofrece proximidad con el mar y los puertos marítimos, sino que sus montañas son trinchera y escondite de difícil acceso, lo que les facilita a las disidencias que operan en la región y al narcotráfico, ‘mimetizarse’ de las autoridades.
— El periodo de la pandemia del coronavirus también explica lo que ocurre hoy. En los territorios donde habita la gente negra en esta región del país, había personas que dependían del trabajo en la finca tradicional pero también en las empresas como mano de obra. Algunos quedaron cesantes por el confinamiento, con responsabilidades de hijos para sostener, y hubo un proceso de seducción de la gente, de jugar con su necesidad, para sembrar cultivos de uso ilícitos – agrega Rossana.
En el norte del Cauca igualmente hay un auge de la minería ilegal, en especial en municipios como López de Micay o Guapi, donde hace unos meses se desmanteló un campamento del ELN donde extraían 8000 gramos de oro al mes, que le representaban a esta guerrilla alrededor de 2000 millones de pesos mensuales, un combustible para la violencia.
Un líder social indígena que pide no ser citado con su nombre advierte que, con el auge de la minería ilegal, los cultivos lícitos, y además los secuestros y las extorsiones a los empresarios, lo que sucede en el Cauca es que persiste un poder económico que necesita de la violencia para mantenerse. Por esa ‘bonanza’ crecen los grupos armados ilegales y la necesidad de controlar el territorio, lo que hace que se disparen las armas. “Y hay milicianos dentro de las comunidades, ya no solo combatiendo en las montañas, así que no nos queda otra alternativa que tratar de sobrevivir en medio de este escenario. En el norte del Cauca se sobrevive”.
Las razones de los enfrentamientos entre afros e indígenas por los territorios son múltiples, pero una de ellas le apunta a gobiernos que, en el pasado, firmaron compromisos con las comunidades indígenas, comprometiendo la entrega de miles de hectáreas de tierra, lo que no iban a cumplir.
Entonces, ¿cuál es la salida del norte del Cauca a la violencia que se ensañó con la región? Tanto las comunidades afro como indígenas coinciden en que se requiere que el Estado recupere la autoridad que perdió desde hace décadas en el departamento.
“Se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional. La solución no debe limitarse únicamente al aumento de la presencia de la Fuerza Pública o del Ejército, sino que debe abordarse desde una perspectiva integral que promueva formas alternativas para que las comunidades vivan en paz y armonía en sus territorios. Es esencial reconocer que somos nosotros, los habitantes de estos territorios, quienes los protegemos, pero también es una responsabilidad constitucional del Gobierno velar por la armonía territorial de cada uno de nosotros”, aseguró el Consejo Regional Indígenas del Cauca, Cric.
“Nuestras tareas cuentan con apoyo de la comunidad”
Para el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, era urgente visitar el departamento del Cauca esta semana, pues el 25 de febrero en Caloto, Cauca, tropas que se encontraban en el sector habrían sido rodeadas de forma violenta por un grupo de personas, quienes los habrían agredido para que abandonaran el lugar.
Esta situación dejó tres suboficiales y 12 soldados lesionados con “objetos contundentes”, uno de ellos con un arma cortopunzante. El Ejército reiteró que “el personal militar cumple con la misión constitucional asignada. Las operaciones militares son legítimas y ayudan a generar condiciones de seguridad y de garantía del goce de los derechos de la población civil”.
En diálogo con El País, el comandante del Ejército fue consultado por esta situación y sostuvo que es muy importante decir que han hecho “más de 500 operaciones en el departamento del Cauca en contra del narcotráfico y la minería ilegal y solamente hemos tenido tres eventos en los que estos grupos ilegales han manipulado o instrumentalizado a la población civil para frenar nuestro trabajo”.
“Esto quiere decir que las tareas que venimos desarrollando cada vez cuentan con más apoyo de la comunidad porque ellos están viendo que el Estado está llegando allá por intermedio de su Fuerza Pública”, añadió el comandante del Ejército Nacional.
Eso sí, al ser preguntado sobre qué es lo que más le preocupa respecto la situación de seguridad de este departamento, afirmó que, a pesar de los avances de las autoridades, los grupos armados sigan presionando a las comunidades para que actúen como ellos quieren y como más les conviene.
“Sin embargo, me da tranquilidad que ya la población está entendiendo que pegados a la institucionalidad les va mejor. Es decir, que si sembramos seria y honestamente, o si nos comprometemos con la legalidad, se verán los resultados”, explicó.
“Por ejemplo, hoy (jueves) hubo pagos legales por parte de las empresas con las que estamos trabajando para que los jóvenes tengan sus cultivos legales. No voy a negar que me preocupa mucho que siga habiendo esa presión de querer instrumentalizar y no soltar el corredor de paso de droga, pero nos deja tranquilos que poco a poco los pobladores van entendiendo que no hay que seguir cultivando coca, sino que hacer las cosas bien paga”.
Buscan estabilizar el territorio
El Plan Ayacucho es una estrategia que vienen desarrollando las Fuerzas Militares en todo el país, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los colombianos.
Los encargados de colocarlo en marcha en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño son los integrantes de la Tercera División y se ha logrado el sometimiento a la justicia de individuos ligados al narcotráfico y la captura de personas vinculadas a grupos armados. También se ha ejecutado la erradicación de cultivos ilícitos y promovido la transición hacia proyectos productivos, beneficiando a las comunidades locales.
“Este jueves tuvimos la oportunidad de estar en el Comando Específico del Cauca mirando mucho más en detalle cómo vamos a realizar diferentes estrategias para evitar la manipulación de la población y encontramos unos cursos de salida importantes”, dijo el General, y añadió que “uno de los compromisos que tenemos en nuestro Plan Ayacucho es la estabilización de los territorios y esto se logra con la articulación de todos y llevando la oferta del Estado a los lugares más alejados del Pacífico colombiano. Es lo que estamos tratando de hacer todos los días”.
“Adicionalmente, en nuestra reunión revisamos unos operativos que estamos desarrollando en el Valle, en cercanías a Jamundí y a los Farallones de Cali por diferentes eventos que se han presentado en esta zona”, reveló.
Finalmente, se refirió a la invasión de predios azucareros en el norte del Cauca: “Quienes invaden los territorios de los ingenios azucareros lo que buscan es presionar al Estado para obtener réditos y dividendos. Unos invasores quieren continuar como terratenientes, pero hay otras personas que tienen la intención de valerse de todos esos predios para sus cultivos ilícitos. Yo directamente no me he comunicado con Asocaña, pero desde las Fuerzas Militares en el Cauca sí lo han hecho. Es importante que entiendan que no es fácil manejar desde Bogotá estos temas ya que es una problemática regional y yo, como comandante del Ejército Nacional, debo responder por todo lo que ocurre en Colombia”.
“Me voy del Cauca con la tranquilidad de que nuestros hombres y mujeres están haciendo la tarea de la mejor manera. Hay muy buenos resultados comparados incluso con los nuestros de hace un año. Lo estamos haciendo bien y para nosotros nuca será suficiente con lo que hay porque tenemos que seguir haciendo más operativos”, finalizó.
“La impunidad es generadora de más violencia”: Claudia Calero
Luego de que el pasado miércoles 28 de febrero la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, denunciara un nuevo ataque contra uno de sus trabajadores de un ingenio en el Norte del Cauca, El País contactó a la presidenta de este gremio, Claudia Calero, para conocer qué respuesta han recibido de las autoridades tras los reiterados episodios de violencia en esta región.
El miércoles un trabajador del área de seguridad del ingenio fue atacado con un arma de fuego por desconocidos, los cuales le dispararon para acto seguido presuntamente intentar robar la caña del predio, informaron desde Asocaña.
Luego de esto, los ingenios manifestaron una profunda preocupación y rechazo por la inseguridad en el norte del Cauca, que nuevamente afecta a un trabajador de este sector, pues en el último año han sido asesinadas cinco personas en hechos similares.
Ya han sido varios los ataques en los que han resultado heridos y muertos trabajadores de los Ingenios que están en el norte del Cauca. ¿Cómo ha sido el acercamiento con las autoridades locales y gobernadores de esta región?
Hemos participado en diferentes reuniones con autoridades locales, regionales y nacionales, en las que se ha expuesto la situación y se han solicitado medidas para garantizar la vida de los trabajadores del campo. Sin embargo, es importante que estos encuentros se traduzcan en medidas de seguridad efectivas en todo el territorio del departamento.
¿Quiénes están detrás de estos ataques? ¿Hay alguna hipótesis que las autoridades les hayan entregado?
Esa es la pregunta que también nos hacemos, entendemos que cada caso está siendo investigado, por lo que hemos sido reiterativos en que es necesario que haya celeridad en las investigaciones para así poder saber las causas y responsables de estos hechos criminales.
En el norte del Cauca hay muchos factores de violencia y criminalidad que afectan a nuestros trabajadores porque ellos viven en esta región y, así como el resto de la comunidad, son víctimas de las dinámicas de los grupos delincuenciales y criminales.
¿Qué les han comunicado a ustedes como directivos los trabajadores que laboran en estos ingenios?¿Hay miedo en ellos?
Por supuesto hay muchísimo temor por parte de los trabajadores que son los que todos los días salen a los cultivos de caña en las zonas rurales de los diferentes municipios.
Ellos han expresado en diferentes ocasiones que se requieren garantías para la vida, el trabajo y la movilidad, petición que también desde el gremio hemos reiterado una y otra vez ante las autoridades, el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué le piden desde Asocaña al Gobierno Nacional?
Nuestro llamado es a que haya medidas de seguridad en el territorio, así como una mirada integral para el norte del Cauca. Necesitamos de seguridad, garantías para la vida, el trabajo y la movilidad, pues en esta región hay cerca de 50 mil familias que dependen de la agroindustria de la caña de forma directa o indirecta.
Los violentos no pueden ganar espacio y afectar más a las comunidades. También requerimos celeridad de la Fiscalía General de la Nación y del aparato judicial para que los casos de violencia y criminalidad que se han presentado no queden en la impunidad, pues la impunidad es generadora de más violencia.
¿Desde los ingenios han tenido qué reforzar medidas de protección a sus trabajadores? ¿Cómo lo han hecho?
Los ingenios cuentan con protocolos de seguridad en el marco de la Ley y de los derechos humanos. Sin embargo, la seguridad en el territorio es competencia del Estado y ese es el llamado que desde hace varios años venimos reiterando a las autoridades.
¿Ha habido poca respuesta del Gobierno Nacional a esta problemática que se viene presentando en los predios de los ingenios azucareros en el norte del Cauca?
Desde Asocaña y nuestros ingenios estamos participando en la mesa de diálogo del norte del Cauca, instalada por el Gobierno Nacional en octubre de 2022 y en la cual están la Vicepresidencia de la República, los ministerios del Interior y de Agricultura, los gremios, los trabajadores, las organizaciones sociales y las organizaciones de Derechos Humanos.
Esta mesa y sus mecanismos de diálogo han venido operando y ha permitido una reducción importante de las invasiones a la propiedad privada, pasando de 43 eventos de invasión en 2022 a 3 casos en 2023.
A pesar de esta importante reducción queremos llamar la atención y decir que aún permanecen invadidas más de 5 mil hectáreas de terrenos que han sido ocupadas ilegalmente desde el año 2014.
Es necesario resaltar que el norte del Cauca es una región que requiere de mirada integral, que incluya acciones lideradas desde el Estado para consolidar a los actores legales y quitarle espacio a esas economías ilícitas que generan violencia y criminalidad, que es sin duda, lo que está afectando a los trabajadores del campo y a las comunidades rurales.
