JEP solicitó al Gobierno Nacional $ 101.000 millones que faltan para cumplir sentencias

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió una carta al Gobierno y al Congreso en la que solicitó con urgencia un presupuesto de $121.858 millones para poder implementar las primeras sentencias con sanciones propias emitidas contra los máximos responsables de las extintas Farc por secuestro y de agentes del Estado por ejecuciones extrajudiciales.

En una carta fechada el 23 de septiembre de 2025 y firmada por su presidente, Alejandro Ramelli, y su secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez, el tribunal de paz reconoció la asignación inicial de $20.000 millones por parte del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, advirtió que este monto no es suficiente para poner en marcha los proyectos de reparación y restauración que beneficiarán a las víctimas de los macrocasos 01 y 03.

La JEP explicó que el cumplimiento de estas sentencias históricas depende, tanto constitucional como legalmente, de la asignación y disposición efectiva de recursos financieros por parte del Gobierno, a través de rubros específicos en el Presupuesto General de la Nación.

“El monto requerido para la implementación de los dos primeros proyectos que conforman esta fase inicial de cumplimiento de las primeras sanciones propias impuestas en estas sentencias es de $121.858 millones”, precisó la misiva.

Además de la brecha presupuestal, el tribunal manifestó su inquietud por dos situaciones que podrían obstaculizar la materialización de las sanciones. Primero, señaló que el Ministerio de Justicia aún no ha iniciado el trámite para expedir un decreto sobre las condiciones transversales de seguridad, habitabilidad y protección, las cuales son indispensables para que los sancionados puedan ejecutar sus trabajos reparadores en los territorios.

En segundo lugar, la JEP alertó sobre el “incumplimiento general” de la Circular Externa 012 de 2025 del Ministerio de Hacienda, que ordenaba a todas las entidades del Estado priorizar en la formulación del presupuesto de 2026 los gastos necesarios para cumplir con los autos y sentencias de la Jurisdicción.

En entrevista con Colprensa, el magistrado Camilo Suárez, ponente de la primera sentencia contra el último secretariado de las Farc, sentenció que “sería muy grave” si el Gobierno no asigna recursos para los proyectos.

“Sería (…) absolutamente grave porque seamos claros: el papel de un juez es decidir la responsabilidad y emitir sentencias, mientras que el del Gobierno es cumplirlas. Los jueces no manejamos presupuesto ni financiamos recursos; esa es una obligación del Ejecutivo, a través de sus ministerios y entidades, para la implementación”.

Suárez destacó que la JEP cuenta con un plan B, que consiste en buscar apoyo de cooperación internacional para financiar los proyectos. Sin embargo, subrayó que es crucial dejar en claro que “el compromiso del Gobierno es fundamental: tanto la paz como el cumplimiento de las sanciones son responsabilidad de todos. No solo de los magistrados, sino, especialmente, del Gobierno, que debe garantizar los recursos, proyectos y procesos necesarios para asegurar su implementación”.

El detalle de las sentencias y los proyectos

La primera sentencia, emitida el 16 de septiembre de 2025, condenó a siete ex integrantes del Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la toma de rehenes.

Para esta condena, los proyectos restaurativos tienen un costo total de $35.762 millones, distribuidos en cuatro áreas: medio ambiente y territorio, construcción de memoria histórica, acción integral contra minas antipersonal y búsqueda de personas desaparecidas. Los sancionados son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda.

La segunda sentencia, del 18 de septiembre, sancionó a 12 militares del Batallón La Popa por su responsabilidad en el asesinato y desaparición de al menos 135 personas en la Costa Caribe, crímenes conocidos como “falsos positivos”.

Los proyectos de reparación para las víctimas de estos hechos, principalmente de los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa, ascienden a $86.096 millones. Estos recursos se destinarán a la construcción de un centro de armonización para el pueblo Kankuamo, un plan integral de memoria para la Costa Caribe, un centro cultural Wiwa, casas multipropósito para la sanación de las víctimas y proyectos productivos, entre otros.

Las sanciones propias de la JEP, que en ambos casos tienen una duración de ocho años, no equivalen a penas de cárcel tradicional. Se basan en un sistema dual que combina un componente restaurativo con uno retributivo.

El componente restaurativo exige que los condenados realicen personalmente Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR) para resarcir a las víctimas y los territorios.

El componente retributivo implica una restricción efectiva de la libertad y los derechos durante los ocho años. Los sancionados deberán residir en un área geográfica delimitada, cumplir horarios estrictos y solicitar autorización para cualquier desplazamiento. El cumplimiento será verificado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU y su incumplimiento podría acarrear penas de hasta 20 años de prisión ordinaria.

Una de las claves de estas sentencias es que la sanción no inhabilita a los condenados para la participación política. Sin embargo, la ley establece que el desempeño de un cargo de elección popular es incompatible con el cumplimiento simultáneo de la sanción, por lo que la JEP deberá determinar la compatibilidad en cada caso.