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JEP ordenó a la Cancillería informar qué ha hecho frente a la desclasificación de archivos sobre la toma del Palacio de Justicia
La solicitud fue realizada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán.
Un plazo de 10 días le dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Cancillería colombiana para que remita un informe en el que detalle las labores que ha adelantado para obtener -ante el gobierno de Estados Unidos- la desclasificación de los archivos reservados relacionados con los hechos del Palacio de Justicia.
La solicitud fue realizada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma y retoma del Palacio. En el auto de siete páginas, la académica pidió, además, que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice las gestiones diplomáticas necesarias para obtener del gobierno de los EE.UU. la desclasificación de dichos archivos.
Esta decisión se tomó en el marco de la medida cautelar que estudia la magistratura para proteger la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el cementerio del Sur, informó la Jurisdicción.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que proporcione información y que, además, realice las gestiones diplomáticas necesarias para obtener del gobierno de los EE.UU. la desclasificación de los archivos reservados… pic.twitter.com/pXllMIIg4q
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 3, 2024
Para la JEP, la solicitud de Urán Bidegain, comprende la salvaguarda de los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
Incluso, la académica le explicó y resaltó a la Jurisdicción que, entre otros objetivos, busca la resignificación de la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el cementerio del Sur, y su conversión en camposantos u otro tipo de lugares que permita los duelos necesarios y los procesos restaurativos que contribuyan a reparar y restaurar el daño causado.
Según se lee en la misiva, “la Cancillería colombiana, en el marco de la cooperación internacional establecida con el Gobierno de EE. UU., debe promover y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y de las víctimas del conflicto armado, determinando los mejores mecanismos”.
Por ello, insto a dicho ministerio a adelantar las gestiones que sean necesarias con el propósito de esclarecer la verdad y de reconstruir la memoria histórica de la sociedad colombiana.
