Irregularidades en vigilancia electrónica para privados de la libertad con casa por cárcel: cobraban casi 15 mil millones por brazaletes inactivos

Se volvieron a presentar inconsistencias en el servicio de vigilancia electrónica a los privados de la libertad que tienen medida de aseguramiento de casa por cárcel. Esta vez a causa de dos hallazgos fiscales que encontró la Contraloría General de la República por $ 14.981 millones.

Las irregularidades se presentaron en el servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria, por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC. Debido a que se estaba llevando a cabo el cobro del servicio diario de monitoreo electrónico, mientras los dispositivos se encontraban inactivos.

Del mismo modo, la Contraloría adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $12.815 millones, que se encuentra en trámite probatorio, por esta misma causa.

Todo esto se encontró por medio de una visita efectuada al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual -CERVI, donde se solicitaron los archivos, soportes en formato Excel y PDF, de la facturación y pago de todos los meses de 2022 para llegar a la conclusión final.

Así entonces se encontraron registros que corresponden a cobro por servicio diario de monitoreo correspondiente a dispositivos inactivos, pero que se consideraron “efectivamente monitoreados”.

Por ende, se habrían generado los correspondientes cobros por parte del contratista y su vez, se aprobaron los pagos por la interventoría por concepto de servicios de dispositivos inactivos, “que no corresponden con lo establecido contractualmente”, según lo hallado por la Contraloría.

Lo que se constituye como una presunta connotación disciplinaria y fiscal. A continuación, se relacionan los dispositivos inactivos, pero que se consideraron “efectivamente monitoreados”.

Luego de esto, la Contraloría concluyó: “En desarrollo de esta auditoría, se establecieron 34 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 evidencian daño al patrimonio público con presunta responsabilidad fiscal por $14.981.422.233, los que serán trasladados para su trámite a las instancias competentes”.