Informe especial: con la muerte y otros peligros, grupos armados ilegales y bandas criminales tienen sometido al campo en Colombia

Tres años después de la implementación de la Paz Total, el programa bandera del gobierno de Gustavo Petro, la intimidación, el vandalismo y el miedo arrecian como plagas en el campo colombiano.

Los cacaoteros en el Catatumbo sucumben a la voluntad del ELN, los bananeros enfrentan sin tregua en el Urabá la intimidación del Clan del Golfo, mientras los ganaderos soportan la violencia a la que han sido sometidos en el Magdalena Medio y otras regiones por las disidencias y bandas criminales.

En Arauca y Meta los robos de cacao son el pan diario; el contrabando promovido por disidencias de las Farc tiene a paperos y arroceros al borde de la quiebra en Nariño, Huila y Caquetá, y el sector de las flores en la sabana de Bogotá y Antioquia intenta, a un alto costo económico, evitar que el narcotráfico contamine las cargas y afecte las exportaciones y los acuerdos en el mercado mundial.

Sobre el mapa, son pocos los puntos de la geografía nacional en los que grupos armados y las bandas del crimen organizado y del narcotráfico no tienen alguna injerencia en la producción agrícola en Colombia.

“Nosotros hemos visivilizado esa violencia; asesinatos, secuestros, atentados terroristas contra trabajadores de la ruralidad y obviamente empresarios; como el secuestro que hubo a finales de año en el suroccidente del país o la muerte reciente de un pequeño empresario bananero en el Magdalena. Infortunadamente, el sector agropecuario por muchas razones siempre es víctima de la violencia que se presenta en el país”, señaló Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.

Coinciden los expertos consultados en que cada región del país tiene una dinámica distinta en materia de criminalidad y que varían los delitos de acuerdo con el grupo armado delincuencial que ejerza el control en la zona; sin embargo, el delito que más azota y en el que están metidos todos es la extorsión.

Aunque es casi la totalidad del sector agropecuario en Colombia el que padece el delito de la extorsión, son el café, el cacao, el banano y la palma de aceite los cultivos más golpeados por quienes cobran ‘vacuna’ a campesinos y empresarios para permitir sin contratiempos la siembra y la posterior comercialización del producto.

El pasado viernes la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) rechazó los hechos violentos y el atentado contra la integridad de las instalaciones y el equipo humano de Palmagro, en el corregimiento de La Loma, en Valledupar (Cesar).

Directivos de Fedepalma le aseguraron a El País que “hemos tenido diferentes episodios en Tumaco, Norte de Santander y Catatumbo (...) las actividades de la agroindustria de la palma no son ajenas a la crisis de seguridad que actualmente registra el país; el sector sufre de manera directa las acciones de violentos que hacen presencia en las zonas rurales”.

“La impunidad, la falta de capacidades de la Fuerza Pública para el control territorial, la lentitud de los procesos investigativos, las dificultades para acceder a líneas de denuncia efectivas hacen que la acción de las autoridades para detener el deterioro de la seguridad en los municipios palmeros no sea fructífera”, agregó la entidad.

Desde el segundo semestre del 2024 y lo corrido de 2025, las cifras relacionadas con extorsión, amenazas a la infraestructura (plantaciones, transporte, maquinaria e instalaciones), piratería terrestre, perturbaciones a la propiedad fomentadas por grupos al margen de la ley y otras asociadas a la delincuencia común se han incrementado en el sector palmícola del país.

“El país está en manos de bandidos; la paz total terminó por desatar todo tipo de grupos criminales que tienen control territorial y tienen prácticamente en jaque a la población rural, especialmente. De Jamundí hacia abajo, y hasta la frontera con Ecuador, y vaya usted a saber si también en Ecuador; ahí no manda la Constitución y la Ley, ahí manda el patrón de turno, igual en el Catatumbo”, señaló José Félix Lafourie, presidente de Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan.

“Los afectados son todos los ganaderos del país porque el país está en manos de los bandidos; porque cuando no son zonas cocaleras son corredores estratégicos, y si no son zonas de venta de microtráfico. Hay muy pocos municipios rurales donde no hay estructuras armadas y por consiguiente la extorsión está al orden del día; por supuesto que hay zonas más críticas como el suroccidente y toda la frontera con Venezuela”, agregó Lafaurie.

La mano del narcotráfico

Aunque el cultivo que mueve la economía criminal es la hoja de coca, y entorno a ella se sostienen y fortalecen los grupos armados y las bandas criminales, es el agro uno de los canales favoritos para blanquear los millones de dólares que ingresan al país producto del narcotráfico.

Así lo ratificaron varias fuentes judiciales que le aseguraron a El País que “hay dineros ilícitos en la papa que está entrando de contrabando desde Ecuador y que ha producido una caída en el precio que afecta a miles de familias productoras en regiones como Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Nariño”.

“También una presunta alianza entre narcotráfico y grupos armados está detrás de la compra directa de cacao a los cultivadores en Arauca y Huila, a precios por encima del mercado, para llevarlo a Ecuador y que, inclusive, ofrecen dólares. También estamos investigando un caso probable de blanqueo de capitales con arroz en Casanare, donde es fácil arrendar una tierra y meter una maquinaria y sembrar, pero el arroz no les importa, sino lavar la plata”, indicó una de las fuentes.

Lo que vienen buscando estas estructuras, asegura el analista y docente Diego Luis Sánchez, es legalizar su dinero porque tienen claro que van a sacar un enorme provecho de la necesidad y el afán del Gobierno Nacional por mostrar, antes de que termine el mandato de Gustavo Petro, que su política de paz total no ha sido un rotundo fracaso”.

“Estos grupos armados y bandas criminales venidas a más, y que se han ensañado con el sector agrícola en los últimos años, no hacen nada distinto a lo que hicieron las Farc con las tractomulas en el Meta o los supermercados en centro y suroccidente del país; porque saben que al final van a poder legalizar cosas y ponen testaferros en economías legales con la expectativa de que el Gobierno les dé una salida fácil y les deje quedarse con buena parte del dinero obtenido de forma ilícita”, dice el analista.

Sobre esto último, el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) indicó que “genera gran inquietud lo que la delincuencia organizada hace en ciertos departamentos, donde hay indicios de que pretenden con el agro lavar dinero del narcotráfico; vaya uno a saber donde no hay presencia tanta del Estado en qué negocios se están metiendo”.

Pese a que el sector de la floricultura se encuentra mayoritariamente en los dos centros semiurbanos principales del país, Antioquia y la Sabana de Bogotá, son también azotados en menor medida por la extorsión, pero su mayor temor es la contaminación con drogas ilícitas de los contenedores que envía a diferentes puertos y aeropuertos del mundo.

Esos mismos cultivos que fomentan y protegen los grupos armados ilegales siguen afectando el agro más allá de las fronteras colombianas en el intento de camuflar el alcaloide para envíos a Estados Unidos y Europa, principalmente.

La necesidad de extremar las medidas de seguridad para evitar la contaminación de carga, explica Augusto Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores, genera un costo adicional muy alto para evitar que en el extranjero bloqueen los envíos de Colombia.

Es una situación que tenemos que combatir porque le hace mucho daño a todo el comercio internacional del país; y hay otros productos que salen por barco que hemos visto que han tenido muchos problemas, pero indudablemente que a lo largo de los años esa ha sido una prioridad porque es esencial que nuestros productos lleguen en perfectas condiciones a su destino”, indicó Solano.

El solo hecho de que exista conflicto armado es ya una desmotivación para la inversión por todas las exigencias de los grupos armados a los inversionistas, dijo Freddy Martínez, vicepresidente de la Red Cacaotera.

“La mayor afectación a los campesinos cacaoteros del Catatumbo no es la extorsión como tal, sino la afectación emocional en las familias porque ningún papá quiere que sus hijos terminen inmiscuidos en esas cosas y lo que hacen es enviarlos a las ciudades a hacer otros oficios”, aseguró Martínez.

Justamente, otra de las grandes preocupaciones del sector agrícola en Colombia, es que el campo se está quedando sin campesinos. Que las amenazas, la instrumentalización, el desplazamiento, la confrontación armada y el aumento de cultivos de uso ilícito están empujando a los campesinos adultos a las ciudades y los jóvenes no quieren saber del cultivo de la tierra.

“Si hoy se está sembrando cacao en el Catatumbo es porque la gente misma está sustituyendo cultivos; porque se han dado cuenta que entre los actores que sostienen la violencia son los campesinos por la necedad de los cultivos ilícitos y entonces estamos tomando conciencia y sustituyendo por cultivos como palma, cacao o la ganadería”, dice el Vicepresidente de la Red Cacaotera.