Hasta un castillo está entre las propiedades del narcotráfico que serán usadas para reparar a las víctimas en Colombia

En una mansión de grifos de oro y bañera en forma de ostra, jefes paramilitares y narcotraficantes planeaban sus crímenes en Medellín. La lujosa propiedad fue decomisada en 2010 y pronto se convertirá en un laboratorio forense para identificar miles de desaparecidos en Colombia. En la opulenta casa Montecasino se gestaron magnicidios de candidatos presidenciales y masacres de campesinos, según testimonios de antiguos sicarios al servicio de sus dueños, los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño, jefes de los escuadrones de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Capos del narcotráfico, como el abatido Pablo Escobar, frecuentaban sus reuniones y fiestas. La construcción de paredes de mármol y extensos jardines pasó en 2015 a manos de la Unidad para las Víctimas, la entidad encargada de asistir a los afectados por el conflicto armado, que la rentaba a privados.

Pero ahora, por orden del presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en el poder de Colombia, Montecasino será administrada por Medicina Legal. La autoridad forense tendrá allí un laboratorio para identificar restos óseos de desaparecidos en un país con más de 111.000 víctimas de este delito a lo largo de seis décadas de conflicto interno. Una cifra mayor que la combinada tras las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX.

Para Luz Galeano, una líder comunitaria de 60 años, es una esperanza en medio de la larga búsqueda de su esposo, Luis Laverde, desaparecido en 2008. “Lo busco por todos lados y por todas partes, pero hasta el momento no he sabido nada”, dice a la AFP la vendedora de ropa y artículos de belleza que sostiene un retrato de Laverde. El laboratorio “es una cosa que soñamos y seguimos soñando (...), para que incluya a todas las víctimas de desaparición”, agrega.

“Limpieza espiritual”

Galeano perdió la pista de su marido desde que fue raptado en un autobús. En esos tiempos, Medellín era escenario de una feroz persecución de los paramilitares contra habitantes de sectores controlados por guerrilleros.

La mujer desea que el laboratorio se llame Casa Rayo de Luz, “para borrar todo ese horror que pasó allí y que se empiece a sentir que haya una limpieza espiritual”.

Claudia Patricia Vallejo, directora de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia, dice a la AFP que “nadie se alcanzaba a imaginar que en esa casa ocurrieron todos los crímenes y vejámenes, (...) se tiene conocimiento de que allí se torturó a muchas personas”.

Corrupción

El día de su investidura, el 7 de agosto de 2022, Petro se comprometió a usar los bienes incautados a la mafia como “base de una economía productiva” en beneficio de los más necesitados. El encargo iba especialmente dirigido a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad público-privada vinculada al Ministerio de Hacienda que administra miles de propiedades bajo extinción de dominio.

La SAE las vende, subasta o arrienda. Su presidente, Daniel Rojas, aseguró que al llegar al organismo hace dos años solo el 21% de las propiedades estaba produciendo rentas, aunque muy bajas.

Además, denunció una supuesta red de corrupción. Recientemente, la Contraloría alertó sobre la desaparición de relojes Rolex y caballos de paso fino que representan pérdidas millonarias. La oposición también denuncia supuestos malos procedimientos del actual gobierno.

Castillo neogótico

En 1898, un académico y diplomático inició la construcción de un castillo de dos torres de estilo neogótico en Chía, un municipio que limita con Bogotá. En más de un siglo, el Castillo de Marroquín funcionó, entre otros, como cabaret y hospital psiquiátrico hasta ser adquirido por Juan Camilo Zapata, un miembro del Cartel de Bogotá.

El integrante de esa discreta organización del tráfico de cocaína fue asesinado en 1993 y el recinto pasó a manos de la SAE, que en los últimos años tenía un contrato de arrendamiento con una empresa que organizaba allí matrimonios y conciertos. Tras la instrucción de Petro, el convenio de alquiler se disolverá para que el castillo sea entregado a la estatal Universidad Pedagógica, de unos 9.000 estudiantes.

“Debería ser una política de Estado que todos los bienes extintos por vía del narcotráfico que han generado tantas afectaciones a los derechos humanos de este país pasen en un acto de reparación a las entidades públicas y a las comunidades que han sido afectadas”, celebra su rector, Helberth Choachí, en conversación con la AFP.

Además del castillo, en el que se proyecta construir un museo, la universidad recibirá 33 de las 70 hectáreas del bosque aledaño para realizar actividades académicas, culturales, y deportivas.