Colombia

Fiscalía busca reformar la Ley de Justicia y Paz; este es el borrador del proyecto de decreto

La iniciativa, firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, busca agilizar procesos que mantienen casos sin una sentencia.

La Fiscalía de Luz Adriana Camargo ha sido reacia a establecer acuerdos con los principales testigos. La verdad está bajo amenaza.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó decreto cuyo propósito central es superar los cuellos de botella que mantienen a miles exparamilitares sin sentencia. | Foto: juan carlos sierra-semana

21 de jul de 2025, 03:51 p. m.

Actualizado el 21 de jul de 2025, 03:51 p. m.

La Fiscalía General de la Nación anunció que presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que busca reformar la Ley de Justicia y Paz, el marco jurídico con el que desmovilizó a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El Espectador tuvo acceso al texto completo del borrador firmado por Camargo, documento que resalta que la finalidad es superar los cuellos de botella que mantienen a miles exparamilitares sin sentencia.

Asimismo, se lee en el documento que se busca imprimir celeridad al sistema de justicia colombiano, que con 20 años de funcionamiento continúa sin cerrar procesos judiciales, acumulando significativos retrasos en las sentencias, las reparaciones a las víctimas y la recuperación de bienes con vocación reparadora.

En la exposición de la iniciativa, la Fiscalía reconoce que, pese a los avances, el modelo de Justicia y Paz enfrenta un serio rezago institucional.

De hecho, a la fecha más de tres mil postulados siguen sin una sentencia definitiva por la totalidad de los hechos confesados; a la lista se suman al menos 680 bienes con vocación reparadora que siguen esperando los fallos sobre su extinción de dominio.

“Las víctimas esperan más sentencias mediante las cuales se recoja la verdad de lo sucedido, se imponga la pena merecida, se reconozcan los daños sufridos y se ordene la extinción del dominio de los bienes, y los postulados anhelan que su situación sea resuelta de manera definitiva y total, para poder reintegrarse a la sociedad como ciudadanos integrales”, se explica en el borrador del proyecto.

27 bienes avaluados en más de 7.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio.
Cerca de 700 bienes siguen esperando fallos en extinción de dominio. | Foto: Fiscalía

Los cambios que propone el proyecto

Uno de los cambios más significativos que propone el borrador es la eliminación de la audiencia de formulación de imputación, que actualmente está contemplada en el artículo 18 de la ley.

Según la Fiscalía, en estos momentos el modelo en el que el postulado se presenta voluntariamente a confesar, ha perdido sentido. En este sentido, el cambio propuesto señala que el fiscal del caso deberá presentar un escrito de cargos, que será trasladado por vía escrita a todas las partes e intervinientes, quienes podrán formular observaciones.

Así las cosas, el proceso podría avanzar directamente hacia una audiencia concentrada en la que el postulado podrá aceptar los cargos y se podrá iniciar la etapa de sentencia.

De otro lado, también se propone crear el artículo 18A, que introduce una regulación detallada sobre la sustitución de la medida de aseguramiento para postulados que ya han cumplido buena parte de los requisitos del sistema de Justicia y Paz.

Lo anterior permitirá que los desmovilizados que hayan permanecido al menos ocho años en prisión por delitos cometidos en el marco del conflicto, y que hayan contribuido a la aclaración de los casos, puedan acceder a una libertad vigilada y con condiciones.

Este 15 de junio se llevará a cabo el foro ‘Caminos para la justicia: experiencias que transforman las regiones’, un espacio en el que líderes de distintos lugares del país contarán cómo transformar a la sociedad por medio del diálogo y la conciliación.
Miles de víctimas aún siguen esperando ser reparadas en el marco de la ley de Justicia y Paz. | Foto: Programa de Justicia para una Paz Sostenible

También se busca agilizar las sentencias mediante el fortalecimiento de la terminación anticipada del proceso, sobre todo en casos donde ya existen sentencias previas.

Con lo anterior se busca ofrecer una salida jurídica más rápida a postulados que aunque han cumplido con sus deberes, siguen a la espera de una decisión definitiva que les dé estabilidad jurídica.

Comunicadora Social - Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con amplia experiencia en periodismo regional, comercial y desde hace tres años trabajo en la sección de economía.

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