Familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci interpuso millonaria demanda al Estado Colombiano; reclaman indemnización por perjuicios morales

La familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado en las playas de Barú el 10 de mayo de 2022, interpuso una demanda contra el Estado Colombiano reclamando una indemnización por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante.

El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá fue el encargado de admitir dicha demanda en la que los allegados aspiran ser indemnizados por una suma de $2000 millones.

Claudia Andrea Aguilera, viuda de Pecci, su hijo, así como los padres, hermanos y sobrinos del fiscal antimafia, demandaron también exigiendo el mismo monto de dinero por reparación directa a la cadena hotelera Decameron, donde se hospedaba Pecci cuando fue asesinado.

“En esta acción se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos, en este caso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado. Dicha responsabilidad se solicita por los perjuicios ocasionados por el hecho dañino ocurrido el 10 de mayo de 2022: la muerte de Marcelo Daniel Pecci Albertini, atribuida a la inacción negligente de los sujetos de derecho público y privado”, argumenta la demanda.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, los demandantes señalan que, si bien el término de caducidad para hacer uso del mecanismo de reparación directa es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción, “debe tenerse en cuenta que dicho término puede suspenderse por la presentación de una solicitud de conciliación extrajudicial”.

La conciliación fue presentada ante la Procuraduría el 10 de mayo de 2024 y, el 18 de julio del mismo año se expidieron las constancias de que no hubo acuerdo entre las partes.

Basado en lo anterior es que la familia solicita compensar las presuntas omisiones y negligencias de la Nación que habrían contribuido al homicidio por sicariato del 10 de mayo de 2022.

“El hecho dañino recayó en la muerte violenta del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, lo que ocasionó una lesión definitiva al bien jurídico protegido en el artículo 11 de la Constitución Política: la vida. El daño tiene carácter personal cuando se comete sobre una persona, ya que el perjuicio a las personas o a su patrimonio es lo que hace responsable al Estado y la persona que reclama el daño es quien lo sufrió directamente. En este caso, los integrantes de la parte demandante que reclaman los perjuicios derivados del daño antijurídico ocasionado por la omisión de la administración pública son víctimas indirectas de la muerte del causante“, se lee en el documento.

Para la familia Pecci, la Policía es responsable porque, “se evidencia que solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito. Esto significa que, (aunque según las pruebas recabadas en la investigación) el crimen comenzó a planearse desde el 2 de mayo, la Policía Nacional no tomó medidas preventivas en ningún momento. Esta omisión se agrava considerando la especial posición del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien, en su calidad de fiscal, mantenía una lucha constante contra el crimen organizado en la República de Paraguay, situándolo en una situación de riesgo permanente“.

“Además, en los actos de ejecución y consumación del delito estuvieron involucrados sujetos con sentencia condenatoria vigente en ese momento, lo que evidencia una omisión en el cumplimiento de los deberes de la Policía Nacional para proteger a la población civil de este riesgo inminente, como se detalla a continuación”, agrega la demanda.