El presidente de la Corte Constitucional cuestionó la ‘Paz Total’ de Gustavo Petro

Se conoció que, durante el análisis constitucional del Decreto 062 del 24 de enero de 2025, en la decisión que declaró parcialmente la constitucionalidad el estado de conmoción en el Catatumbo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, emitió fuertes declaraciones sobre la política de ‘Paz Total’ promovida por el gobierno de Gustavo Petro.

“Ibañez Najar señala que en la crisis del Catatumbo, tienen un rol principal, como lo reconoce el decreto sub judice y lo destaca la mayoría, el accionar de los grupos al margen de la ley, los cuales, cubiertos o arropados con la política pública de la paz total, han incrementado sus hostilidades”, inicia el documento revelado.

“En efecto, señala que la política de ”Paz Total" ha contribuido de manera directa y verificable al deterioro progresivo del orden público, tanto en la región del Catatumbo como en otras zonas del país", continúa.

El magistrado habría expresado inconformidad respecto a las medidas puestas en practica, asegurando que “lejos de representar un avance hacia la superación del conflicto armado, su implementación ha generado el efecto contrario: debilitó la presencia institucional, facilitó el reposicionamiento estratégico de los grupos armados ilegales y agravó la situación de inseguridad”.

Esto último, estaría generando graves afectaciones a los derechos fundamentales de la población civil.

“Esta política, formalizada mediante la Ley 2272 de 2022, pero ejecutada sin un soporte constitucional que armonice su alcance con el orden jurídico vigente, ha conducido a ,la firma de ceses al fuego bilaterales con actores armados como el ELN, el Estado Mayor Central de las FARC-EP y otras estructuras ilegales”, precisó Ibáñez.

El presidente de la Corte Constitucional explicó que estos acuerdos llevaron a la suspensión de operaciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública, lo que habría ocasionado un “vacío operativo” que incidiría de manera significativa en las regiones más vulnerables, el cual, además habría permitido a las organizaciones criminales rearticular su poder territorial, así como expandir sus corredores estratégicos de movilidad, intensificando el control armado sobre las comunidades y consolidando así las economías ilícitas.

“Las Alertas Tempranas 026 y 027 de 2024 evidencian que, durante la vigencia de dichos ceses, grupos como ELN, el EPL y las disidencias del Frente 33 de las FARC-EP no solo mantuvieron intacta su estructura, sino que incrementaron su capacidad operativa, extendieron su presencia al sur del Cesar y al norte de Santander, ejecutaron acciones de violencia selectiva, reclutaron menores, obstaculizaron la labor humanitaria y desplegaron campañas de adoctrinamiento y desinformación. Todo ello ocurrió bajo la apariencia de un proceso de paz”, precisó Ibáñez.