Contraloría advirtió que los más de $100 billones invertidos en el Acuerdo Final de Paz no reflejan cambios reales

La Contraloría General advirtió en su noveno informe de seguimiento al Acuerdo Final de Paz que los $107,47 billones invertidos durante nueve años no reflejan cambios reales para la construcción de una paz estable y duradera en el país.

El organismo de control presentó los principales resultados sobre la ejecución de los recursos destinados a la paz, donde se evidenció que entre 2017 y el primer trimestre de 2025 se ha ejecutado el 53% del presupuesto total estimado para 15 años, que asciende a $201,5 billones. Solo en 2024, la ejecución fue de $19,2 billones, lo que representó un incremento del 16,2% respecto a 2023.

Sin embargo, el análisis del ente fiscalizador concluyó que el 42% de los proyectos identificados con el trazador de “paz” presentan dificultades para asociar productos específicos del Acuerdo Final y solo el 17% permite cuantificar resultados de una manera clara y verificable. La Contraloría insistió en la urgencia de fortalecer la articulación interinstitucional para maximizar el impacto de cada peso invertido.

Uno de los puntos más críticos del informe es el avance de la Reforma Rural Integral (RRI). En nueve años solo se han formalizado 27.000 hectáreas de tierras, por lo que, según las proyecciones de la Contraloría, cumplir la meta de tres millones de hectáreas tomaría cerca de 400 años. A pesar de ser un avance importante frente al comportamiento histórico, el rezago impedirá cumplir con el objetivo trazado.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) concentró el 32% de la ejecución del Presupuesto General de la Nación con $3,84 billones. Dentro de esta, el proyecto de “Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral nacional” manejó $3,12 billones. El Plan Nacional de Formalización, por su parte, logró una adjudicación récord de 7.432,19 hectáreas en 2024.

El informe también señaló que la mitad de los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral muestran una cobertura geográfica insuficiente y una baja complementariedad en las acciones interinstitucionales, lo que compromete la efectividad de la transformación en los territorios.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Contraloría determinó 113 hallazgos en la gestión de los recursos del posconflicto, de los cuales 31 tienen incidencia fiscal por un valor de $4.794 millones, evidenciando el uso ineficiente de los recursos públicos.

En el sector de Minas y Energía, se encontró que el 12% de los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos financiados con recursos del OCAD Paz presentan problemas de sostenibilidad y funcionalidad. El informe confirmó que millonarias inversiones no cumplen su propósito transformador debido a la ausencia de modelos de operación, administración y mantenimiento.

Además, se identificaron demoras en la actualización del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), lo que limita temporalmente la disponibilidad de información para el seguimiento, particularmente en el capítulo étnico, donde no se registran datos específicos.

Inversiones y desafíos sectoriales

El informe detalló la financiación de diferentes planes. El Plan de Educación Rural cuenta con un presupuesto indicativo de $45,06 billones, con una apropiación acumulada de $27,8 billones entre 2019 y 2025. Por su parte, el Plan Nacional de Salud Rural, adoptado en marzo de 2025, estableció un presupuesto de $52,07 billones para municipios PDET, Zomac y PNIS.

En 2024, el Ministerio de Salud transfirió $633.786 millones para conformar Equipos Básicos de Salud en 367 municipios, logrando la atención a 668.564 hogares. El Plan Nacional de Vías para la Integración Regional reportó compromisos por $5,2 billones entre 2020 y el primer trimestre de 2025.

Para la producción agropecuaria y la economía solidaria se destinaron $8,95 billones entre 2017 y el primer trimestre de 2025. Sin embargo, la Contraloría señaló que la falta de una línea base, la débil articulación local y las barreras logísticas han limitado que la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria se consolide como un motor de desarrollo territorial.

Finalmente, el organismo de control concluyó que la construcción de paz no puede seguir dependiendo de recursos ejecutados sin transformaciones estructurales y urgió a evaluar los programas para garantizar que cada peso invertido genere cambios duraderos y verificables.