Consejo de Estado devuelve al Grupo Portuario la concesión del Muelle 13 en Buenaventura

En la tarde de este jueves, 17 de julio, se conoció que el Consejo de Estado ratificó que el Grupo Portuario podrá conservar la concesión del Muelle 13 en Buenaventura.

Dicha decisión, representaría un revés judicial para el Gobierno Nacional, que había intentado revocar el contrato de forma anticipada.

La sentencia confirma una medida previa del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que ya había suspendido la resolución de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la cual se pretendía anular la prórroga del contrato de concesión vigente.

Con lo anterior, se frenó el intento del Gobierno del presidente Gustavo Petro de revertir la operación del muelle.

Caso del Muelle 13

La controversia comenzó en el año 2023, cuando, tras aprobar la prórroga del contrato, la ANI revirtió su decisión en un plazo de pocos días.

Las motivaciones tras esta decisión fueron a causa de supuestas irregularidades en la gestión y operación del mismo, junto a alarmas por parte de códigos ambientales y de salubridad.

Este hecho desató una batalla jurídica entre el presidente Petro y la compañía del empresario Álvaro Rodríguez, quienes buscaban obtener la aprobación de la entidad correspondiente.

Como acción inmediata, el Grupo Portuario acudió entonces a la jurisdicción, obteniendo en primera instancia una suspensión de la resolución gubernamental, ahora ratificada por el Consejo de Estado.

El caso también registró la intervención de la Procuraduría General de la Nación, pues en abril del 2024, la entidad anunció fuertes medidas.

Según se conoció, ordenó una investigación disciplinaria contra el entonces ministro de Transporte, William Camargo, y varios altos funcionarios.

La entidad manifestó que los implicados habrían incurrido en “falsa motivación” al justificar la revocatoria del contrato sin pruebas técnicas o jurídicas suficientes sobre los riesgos ambientales mencionados.

Esta investigación busca determinar si hubo abuso de poder o desviación de funciones por parte de los funcionarios involucrados, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias.

“Los funcionarios pudieron violar el debido proceso en el trámite adelantado frente la solicitud de modificación sustancial del contrato de concesión portuaria”, dijo la entidad.

En esta misma línea, para enero de este año, Gustavo Guerrero, funcionario delegado en Asuntos Ambientales, dijo que:

“El expediente no está conformado, no se tiene certeza sobre la totalidad de los documentos que conforman el expediente de las actuaciones administrativas de EPA Buenaventura. No tenemos certidumbre sobre qué medidas requirió EPA Buenaventura al titular del instrumento ambiental, y pese a ello se toma la medida de suspensión”.

Finalmente, tras el extenso caso mencionado anteriormente, el fallo, garantiza la continuidad de este muelle, considerado una inversión clave para la infraestructura portuaria del Pacífico colombiano.