Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la elección de fiscal en Colombia, esto dijeron

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Petro compartió este martes, 13 de febrero, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que este organismo se pronuncia sobre la crisis política en Colombia generada por el aplazamiento de la Corte Suprema de Justicia en la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, que saldría de una terna propuesta por el mandatario.

El organismo que aseguró “seguir de cerca el proceso de selección de la nueva persona Fiscal General de la Nación de Colombia”, hizo una descripción de cómo se ha venido agudizando la crisis entre el ejecutivo y la rama judicial.

“Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023. Esto tras el envío oportuno por parte de la Presidencia de la República de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo, el 2 agosto pasado. Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior Fiscal General”, resumió la CIDH.

Al respecto, dejaron claro que “según los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, el proceso de selección debe realizarse, con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito”.

Por otro lado, también señalaron que “dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas”, aludiendo con ello a las movilizaciones que se presentaron la semana pasada en Colombia, que tenían como objetivo reclamar a la Corte Suprema de Justicia la elección de la nueva fiscal, lo que no ha ocurrido hasta la fecha.

Sobre las movilizaciones, la CIDH fue neutral y consideró información de diferentes, no solo del Gobierno Nacional: “el 8 de febrero, se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país que, con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín, fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado. En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas”.

Para la CIDH hubo “distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia”.

Sobre la Fiscalía General de la Nación, la Comisión destacó que “juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia”, por lo que “la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”.

En este sentido, la CIDH fue puntual, en cuanto alentó a la Corte Suprema de Justicia “a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones”.

Hasta el momento no hay reacciones del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General o de la Corte Suprema de Justicia, ante este pronunciamiento.