Colombianos destinarían hasta 90 % de ingresos a medicamentos no cubiertos por sistema de salud: advierte la Defensoría

El sistema de salud colombiano enfrenta un deterioro crítico que se traduce en un golpe directo al bolsillo de miles de ciudadanos.

Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, la falta de entrega oportuna de medicamentos vitales está forzando a los colombianos a destinar entre el 7 % y el 90 % de sus ingresos mensuales a la compra particular de estos insumos, comprometiendo derechos como la alimentación y la vivienda.

La advertencia fue hecha por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”.

El estudio subraya un incremento sostenido de las barreras de acceso y disponibilidad de fármacos en todo el país, afectando a afiliados de todos los regímenes, pero con una presión más severa en zonas rurales, dispersas y comunidades étnicas.

El golpe económico de la escasez

El análisis de la Defensoría, basado en una encuesta a 3.449 personas, proyectó el impacto económico que representa la compra de medicamentos de uso común y vital, como Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, y aquellos utilizados para condiciones neurológicas y salud materna como Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico.

Debido a las profundas desigualdades económicas del país, el gasto en un solo tratamiento no entregado puede escalar hasta representar casi la totalidad del salario de una persona.

Ante la no entrega, un alarmante 61% de los encuestados manifestó que optaría por comprar el medicamento de manera particular, agravando la crisis financiera personal.

El colapso en cifras y tutelas

La magnitud de la crisis se refleja en el alto volumen de reportes y acciones judiciales.

Con corte a septiembre de 2025, la Defensoría documentó 584 medicamentos diferentes no entregados, y el seguimiento a 1.798 de estos casos indica que el 48% sigue sin resolverse.

Los medicamentos más reportados como no entregados fueron Metformina, Valsartán y Losartán.

Este cúmulo de incumplimientos ha disparado la carga judicial.

Entre enero de 2020 y agosto de 2025, se radicaron más de un millón de tutelas invocando el derecho a la salud.

Tan solo en 2025, el 36,82% de las tutelas en salud se relacionaron directamente con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.

Departamentos como Quindío, Caldas y Antioquia concentran el mayor número de acciones acompañadas por la Defensoría.

La Defensora Marín Ortiz señaló que este panorama es un signo de “regresividad”, pues las barreras que antes se veían en medicamentos de alto costo, hoy se presentan en fármacos esenciales para la atención primaria.

Causas estructurales y rutas de solución

El informe atribuye la problemática a una combinación de factores, entre los que se destacan la falta de transparencia financiera de EPS e IPS, los retrasos en los pagos que afectan la disponibilidad de inventarios y una distorsión en la cadena logística que estaría favoreciendo el canal comercial privado sobre el institucional.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a no negar su responsabilidad y a promover una reforma estructural de la salud que sea consensuada y que asegure la equidad y sostenibilidad financiera.

Además, recomendó establecer mecanismos de conciliación de deudas, fortalecer la transparencia y crear un tablero nacional de seguimiento al suministro para evitar que la falta de atención siga causando “sufrimiento” en la población colombiana.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.