Socios de Unimetro están a la deriva luego de dos años de liquidación de su empresa; este es el reclamo que hacen a la Alcaldía de Cali

Alrededor de 400 socios a la deriva y más de 100 buses pudriéndose al sol y al agua fue lo que dejó la liquidación de Unimetro, antiguo operador del MÍO. Por ello, varios de sus accionistas realizaron una manifestación ayer para pedir soluciones a la Alcaldía.

Unimetro fue liquidado durante la administración de Jorge Iván Ospina, en el 2022. Hoy, casi tres años después, no existe una ruta para recuperar el dinero de los socios.

“En esta acción tiene responsabilidad el Gobierno Nacional, porque puso el 70 %, y el Municipio, porque tiene el 30 % restante. La empresa fue constituida con 495 socios y lo que estamos pidiendo es que se nos devuelva el dinero”, expresó Erick Javier Matavajoi, socio de Unimetro.

En total son cerca de 2500 familias que, de una u otra forma, se afectaron por esta liquidación, teniendo en cuenta también que se despidieron cerca de 600 conductores.

“Aquí hay gente que tiene mil acciones y hasta un millón de acciones, pero lo que queremos es que se nos pague a lo mismo que las compramos”, precisó Matavajoi.

La utilidad de los antiguos buses de Unimetro es otro tema de discusión. El País hizo presencia en el patio taller de esta entidad y el panorama es de total abandono, en donde se ven articulados con los vidrios rotos, las llantas pinchadas, la carrocería afectada y muy sucios.

La mayoría de estos daños, según los testimonios entregados por los habitantes del sector, han sido ocasionados por personas que han ingresado a querer robar elementos de estos buses.

De hecho, algunas tapas traseras hacen las veces de escudo en las rejas para tapar algunos huecos que se han formado en esta barrera de protección.

“Son 99 buses padrones, 27 alimentadores y otros 31 complementarios. En un proceso de liquidación, la persona que tiene a cargo esa tarea debe hacer la cuantificación de todo el patrimonio y cumplir con las obligaciones", precisó José Fernando Daza, abogado y accionista de la compañía.

Asimismo, Daza añadió que “eso implica que esos buses se tendrán que negociar para que esos dineros que se alcancen a negociar cumplan con las obligaciones”,

Sin embargo, hasta el momento este proceso no se ha realizado.

Daza indicó que los buses ya no están en óptimas condiciones para operar, pero que resulta contradictorio que la Alcaldía esté buscando comprar más flota con dinero del empréstito.

“El Alcalde está solicitando el empréstito para nutrir económicamente a las otras empresas, lo cual es totalmente ilegal, porque el sistema es una sociedad de economía mixta. Entonces, el Estado no puede subsidiar operaciones que no están bien referenciadas”, comentó Daza.

Además, la cabildante María del Carmen Londoño criticó que en el Concejo esté cursando un proyecto de acuerdo que busca aprobar a la Alcaldía que $ 19.000 millones se destinen para comprar 98 buses del MÍO.

“La Constitución establece, en su Artículo 355, que el Estado no puede donar ni entregar dádivas a privados, y eso es lo que está haciendo el Alcalde en este proyecto de acuerdo, cometiendo un posible peculado o detrimento patrimonial, porque no se puede usar plata de todos los caleños para entregar dineros a esas empresas privadas”, dijo Londoño.

Metrocali le informó a El País que tiene conocimiento de 156 demandas de empleados de Unimetro ante esta empresa, con pretensiones de $ 11.266 millones ante la jurisdicción ordinaria laboral, pero que estos procesos todavía están en curso.

En cuanto a la flota, el ente gestor del MÍO reveló que “en la liquidación de Unimetro los buses no se pudieron recuperar por figurar como propiedad del concesionario y, aunque un juez ordenó recibirlos, exige que quien tome su control asuma también todas las deudas que tienen dichos vehículos en cabeza de Unimetro”.

Dicha situación, de acuerdo con Metrocali, no es conveniente para la Administración caleña, debido a que los buses, en teoría, no tienen un valor superior a las deudas del concesionario, porque, de ser así, ya el liquidador habría hecho el remate de los vehículos para pagar las obligaciones.