“Seguridad del Presidente Petro no fue vulnerada”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro no fue vulnerada. Esto ante la captura y posterior judicialización de dos militares activos y un particular señalados de integrar un entramado ilegal de infiltración en operaciones militares e inteligencia en Bogotá y Cundinamarca, sin autorización de las autoridades competentes.

“Aquí el mensaje es contundente, por un lado, si bien es cierto, es un hecho que tiene alguna relación con una de las unidades que brinda seguridad presidencial, no está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor Presidente de la República”, afirmó el alto funcionario.

Los capturados son el mayor del Ejército Pedro Nel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, y Luisa Fernanda Salgado Fernández.

De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (Bafur 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

Por su parte, la mujer, haciéndose pasar como capitán, asumió funciones exclusivas de los oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y tuvo acceso a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto.

Según la Fiscalía, entre los datos obtenidos figuraban indagaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales, incluido el ‘Tren de Aragua’.

Entre la información había operativos para garantizar la seguridad, la configuración de seguridad en el perímetro de la presidencia.

El ente investigador explicó que Padilla también habría entregado detalles sobre los movimientos de la unidad y la logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular acceder a información estratégica sin cumplir protocolos de seguridad.

Como resultado, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia terminaron en manos de un civil. Parte de este material se habría utilizado para solicitar y ejecutar diligencias judiciales, lo que indujo en error a fiscales y jueces al creer que provenía de fuentes verificadas.

Los tres fueron capturados en diligencias conjuntas con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.° 3 del Ejército en Bogotá.

La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal, en atención a su posible participación en los hechos investigados.

El director especializado contra las Organizaciones Criminales, Nelson Andrés Escobar, señaló que la infiltración representó un riesgo para la seguridad nacional al exponer información clasificada sobre operaciones militares y de protección de altos funcionarios.

Concluyó que la investigación busca establecer si hubo filtración hacia estructuras criminales que habrían podido beneficiarse de estos datos.